Corte Suprema cita a indagatoria a Martha Peralta por el caso de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia puso bajo la lupa a la senadora Martha Peralta y la citó a indagatoria dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los casos más explosivos que ha golpeado al Gobierno y al Congreso en los últimos meses. La decisión, revelada por Infobae Colombia, significa que el alto tribunal encontró elementos suficientes para escucharla formalmente por su presunta participación en el entramado que habría operado alrededor de la entidad.

De acuerdo con la información conocida, la Sala de Instrucción, encabezada por la magistrada Cristina Lombana, recibió copias enviadas por la Fiscalía y sustentadas en los testimonios de exdirectivos de la UNGRD. Esos relatos, según la versión que ha circulado en el expediente, describirían el papel que habría tenido la congresista dentro de una red de presuntas maniobras irregulares. La diligencia no equivale a una condena, pero sí marca un paso decisivo en una investigación que ya ha puesto en entredicho a funcionarios, intermediarios y figuras políticas que habrían aprovechado la estructura estatal para fines oscuros.

El caso de la UNGRD se convirtió en un termómetro de la fragilidad institucional en Colombia porque no se trata solo de un desfalco administrativo o de una cadena de contratos bajo sospecha: lo que está en discusión es la posible captura política de una entidad creada para responder a emergencias y proteger a poblaciones vulnerables. Que la Corte Suprema cite a indagatoria a una senadora eleva el costo político del escándalo y refuerza la idea de que la investigación ya no se limita a operadores secundarios, sino que apunta a la eventual responsabilidad de actores con poder real dentro del sistema. En un país donde la impunidad suele avanzar más rápido que los procesos judiciales, cada paso de este expediente importa no solo por lo que revela, sino por lo que puede destapar después.

Para el Congreso y para el Gobierno, la señal es incómoda: el caso UNGRD dejó de ser una tormenta interna de una entidad técnica y se convirtió en un expediente que amenaza con seguir erosionando la confianza pública. Si las versiones recogidas por la Fiscalía logran sostenerse ante la Corte, el proceso podría abrir un capítulo todavía más delicado sobre la relación entre política, contratación y manejo de recursos de emergencia. Y para la ciudadanía, especialmente para quienes dependen de la acción estatal en medio de desastres, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: quién responde cuando la institución llamada a proteger termina convertida en escenario de saqueo.