La ANT formaliza tierras en el Catatumbo y cambia el mapa rural de Norte de Santander
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La ANT entregó formalmente 3.843 hectáreas a 329 familias campesinas del Catatumbo, en Norte de Santander, un paso que les da seguridad jurídica sobre la tierra que trabajan. La entidad también tituló bienes para uso público en siete municipios de la región.
La formalización de tierras volvió a golpear el corazón del Catatumbo, una región donde la disputa por la propiedad ha sido durante décadas una de las raíces del abandono institucional, la violencia y la pobreza rural. Esta vez, 329 familias campesinas de Norte de Santander pasaron a ser propietarias legítimas de 3.843 hectáreas, un avance que no solo cambia el papel que respalda sus predios, sino también la relación de miles de personas con la tierra que han cultivado por años sin seguridad jurídica. En paralelo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) formalizó 116 títulos de propiedad para entidades de derecho público en Hacarí, Ábrego, Cúcuta, El Tarra, Sardinata, Teorama y Tibú, municipios que cargan con el peso histórico de la desigualdad rural y la débil presencia del Estado.
Más allá del número, la noticia tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias campesinas: tener un título legítimo abre la puerta a mayor estabilidad, a la posibilidad de acceder a programas estatales, a una mejor defensa frente a disputas por la tierra y, en muchos casos, a condiciones más favorables para invertir en la producción agrícola. En regiones como Catatumbo, donde la economía campesina ha sobrevivido entre la informalidad, la presión de actores armados y la escasa infraestructura productiva, la formalización no es un trámite administrativo menor. Es una pieza básica de seguridad territorial. El hecho de que también se hayan titulado predios para entidades públicas sugiere una apuesta por ordenar jurídicamente espacios que pueden servir para escuelas, centros de salud, vías, acueductos u otras necesidades colectivas, aunque el detalle de esos usos no fue precisado en la información divulgada.
El valor político de esta decisión también es evidente. Catatumbo ha sido durante años un termómetro de la deuda agraria del país: allí confluyen concentración de la tierra, economías ilegales, rezago en infraestructura y una conflictividad que desborda lo local. Por eso, cada proceso de formalización tiene una lectura más amplia: no solo corrige una irregularidad registral, también intenta blindar a comunidades históricamente vulnerables frente a nuevos despojos y frente a la incertidumbre que frena el desarrollo rural. En el contexto colombiano, donde la reforma agraria sigue siendo una promesa incompleta, la entrega de títulos en esta zona funciona como una prueba concreta de que el Estado aún tiene margen para intervenir donde por años solo llegó tarde, o no llegó. Pero el verdadero examen vendrá después: si estos títulos se traducen en inversión, asistencia técnica, vías y mercados, o si terminan siendo un alivio jurídico sin transformación real en el territorio.
Lo que está en juego va más allá de una cifra de hectáreas. Para el campesinado del Catatumbo, la propiedad formal puede significar arraigo, herencia y futuro; para el Estado, representa la obligación de no quedarse en el acto simbólico de titular, sino de convertir esa seguridad jurídica en desarrollo tangible. En una región donde la tierra ha sido causa de conflicto y también promesa de paz, el valor de estos títulos dependerá de si llegan acompañados de presencia institucional sostenida y de políticas que hagan viable quedarse y producir.
