Centro Democrático propone revisar fallos de la JEP contra militares y policías
Imagen: El Tiempo - Política
El Centro Democrático radicó una reforma constitucional que busca que el Tribunal Superior Militar y Policial revise automáticamente las sentencias de la JEP contra militares y policías. La propuesta reabre el debate sobre justicia transicional, seguridad jurídica y el alcance del fuero penal militar en Colombia.
El Centro Democrático volvió a poner en el centro del debate uno de los temas más sensibles de la justicia transicional en Colombia: el trato judicial a militares y policías que han pasado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta vez lo hizo con un proyecto de reforma constitucional que plantea revisar automáticamente las sentencias de la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública, una iniciativa que, de prosperar, cambiaría de fondo la relación entre la justicia ordinaria transicional y el fuero penal militar.
Según informó El Tiempo - Política, la propuesta encomienda esas evaluaciones al Tribunal Superior Militar y Policial, con base en los criterios del Derecho Internacional Humanitario. En la práctica, eso significa que el partido de oposición busca trasladar a un órgano especializado el examen de decisiones ya adoptadas por la JEP en casos que involucren a militares y policías. El planteamiento no es menor: introduce una nueva instancia de revisión sobre fallos que, para sus críticos, ya tienen fuerza jurídica definitiva, y que para sus defensores deben ser protegidos de eventuales sesgos o vacíos frente al papel de la Fuerza Pública durante el conflicto armado.
La iniciativa llega en un momento político especialmente delicado. La JEP ha sido uno de los pilares del Acuerdo de Paz con las FARC y, al mismo tiempo, uno de los blancos predilectos de los sectores que consideran que el sistema fue demasiado estricto con militares y demasiado flexible con excombatientes. El Centro Democrático, que durante años ha cuestionado la arquitectura de la justicia transicional, intenta ahora convertir esa crítica en una reforma concreta. El fondo de la discusión no es solo jurídico: también es político e institucional. Si el Congreso le abre la puerta a esta revisión automática, se reconfigura el equilibrio entre verdad, reparación, garantías para las víctimas y seguridad jurídica para quienes portaron el uniforme del Estado.
Por eso esta propuesta importa más allá del pulso partidista. Para miles de familias de militares y policías procesados por hechos del conflicto, el proyecto aparece como una posibilidad de reconsiderar decisiones que consideran injustas. Para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, en cambio, el riesgo es que se erosione la autonomía de la JEP y se abra la puerta a una especie de segunda lectura de casos ya judicializados, con el argumento de proteger el Derecho Internacional Humanitario. En una Colombia todavía marcada por la guerra y sus consecuencias, cualquier intento de tocar las reglas de la justicia transicional no solo redefine el pasado: también pone a prueba el tipo de paz y de institucionalidad que el país está dispuesto a sostener hacia adelante.
