Cali: centro terapéutico niega acusación por niño amarrado y el ICBF investiga el caso
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Un centro terapéutico de Cali quedó en el centro de una tormenta tras ser señalado de amarrar a un niño, una acusación que el establecimiento rechaza y por la que exige rectificación. El ICBF investiga el caso y la Personería de Cali hace seguimiento a un episodio que reabre preguntas sobre el trato a menores en instituciones privadas.
Un centro terapéutico privado de Cali quedó bajo fuerte escrutinio público luego de ser señalado de amarrar a un niño, una acusación que la institución rechaza de manera tajante y por la que ahora exige rectificación. El caso ya escaló a instancias de control: el ICBF abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y la Personería de Cali mantiene el seguimiento, en una situación que combina presuntos malos tratos, defensa institucional y la obligación del Estado de verificar qué pasó realmente con un menor bajo custodia de un establecimiento privado.
Según informó El Tiempo (Colombia), la denuncia encendió las alarmas por la forma en que habría sido tratado el niño dentro del centro terapéutico. La institución, por su parte, insiste en que no cometió ninguna conducta irregular y sostiene que la versión difundida no refleja los hechos. En paralelo, el ICBF aclaró que el establecimiento no es público sino privado, un dato que no reduce la gravedad del caso pero sí delimita las responsabilidades directas y los mecanismos de vigilancia que deben activarse cuando se trata de menores atendidos en espacios particulares. La Personería, entretanto, se ha puesto al tanto del expediente y sigue de cerca la evolución de la investigación.
Más allá de la controversia puntual, este episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo en Colombia: la supervisión real de centros que trabajan con niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando operan fuera de la órbita estatal pero prestan servicios de alto impacto social. Si la acusación se confirma, el caso podría derivar en sanciones administrativas y penales; si no, la institución tendrá que demostrar con evidencia que actuó conforme a protocolos y que la denuncia carece de sustento. En ambos escenarios, lo que está en juego es la confianza de las familias en lugares que prometen cuidado, contención y rehabilitación, no prácticas que puedan vulnerar la dignidad o la integridad de los menores.
El avance de la investigación será decisivo no solo para establecer responsabilidades, sino para medir si las autoridades reaccionan con la firmeza suficiente frente a denuncias de este tipo. En Cali, como en muchas ciudades del país, el debate trasciende este caso concreto: cómo garantizar que los centros privados que atienden población vulnerable estén realmente vigilados y no dependan solo de su propia versión de los hechos cuando aparecen señales de posible abuso.
