La Corte Suprema pone en juego la ciudadanía por nacimiento en EE. UU.
Imagen: infobae estados unidos
La Corte Suprema de EE. UU. decidirá antes de su receso de verano si respalda la orden ejecutiva de Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento. El fallo podría alterar el alcance de la 14.ª Enmienda y dejar fuera del derecho automático a miles de recién nacidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a resolver una de las batallas constitucionales más sensibles del regreso político de Donald Trump: si avala o no su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. La decisión, que según informó infobae estados unidos podría llegar antes del receso de verano a comienzos de julio, no solo tiene peso jurídico; también abre la puerta a un cambio profundo en una de las garantías más arraigadas del sistema migratorio estadounidense. Si el máximo tribunal le da luz verde a esa medida, miles de recién nacidos podrían quedar excluidos del reconocimiento automático de ciudadanía que durante más de un siglo se ha entendido como una protección básica para quienes nacen en territorio estadounidense.
El centro de la disputa es la 14.ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, cuyo lenguaje ha sido históricamente interpretado como una garantía amplia de ciudadanía para cualquier persona nacida en Estados Unidos, con contadas excepciones. Durante décadas, esa interpretación sostuvo el principio conocido como birthright citizenship, una figura que no solo marcó la política migratoria del país sino que también dio certezas a familias enteras. La administración Trump, en cambio, ha intentado reabrir esa lectura y llevar el tema a los tribunales con la expectativa de que la Corte Suprema acepte una visión más restrictiva. El caso llega en un momento en el que el debate migratorio volvió a ocupar el centro de la agenda política y en el que la composición de la Corte, con mayoría conservadora, alimenta la expectativa de un fallo con impacto nacional.
Lo que está en juego va mucho más allá de un pulso entre la Casa Blanca y los jueces. Si el tribunal respalda la orden, Estados Unidos podría entrar en una etapa inédita de incertidumbre sobre quién nace ciudadano y quién no, con efectos inmediatos en hospitales, oficinas estatales y familias que hoy dan por hecho un derecho que forma parte de la identidad constitucional del país. También se abriría una cascada de demandas y desafíos legales en distintos estados, porque una decisión de este calibre no solo toca a los hijos de migrantes indocumentados, sino que pondría bajo revisión una lectura que ha sobrevivido a cambios de época, gobiernos y crisis migratorias. En la práctica, el fallo puede convertirse en una señal del tipo de país que la Corte está dispuesta a respaldar: uno que preserve una tradición legal consolidada o uno que admita que la ciudadanía por nacimiento ya no es intocable.
El trasfondo político tampoco es menor. Trump ha convertido esta discusión en una pieza de su agenda sobre frontera y control migratorio, una estrategia que busca ampliar su margen de acción incluso antes de que se definan otras promesas de campaña. Pero el alcance real de la decisión dependerá de cómo escriba la Corte su sentencia: si ratifica la orden, si la limita o si opta por un camino intermedio que deje abierta la pelea para futuras batallas judiciales. Por eso el fallo no solo será leído en clave legal, sino como una radiografía del poder de la Corte para reescribir —o blindar— derechos que durante generaciones parecían fuera de discusión.
