Clan del Golfo amplía su dominio y ya opera en 94 municipios de Antioquia
Imagen: infobae colombia
El Clan del Golfo consolidó en Antioquia la expansión criminal más preocupante del último ciclo de seguridad: ya tiene presencia en 94 municipios, según un informe de la Gobernación. El avance va acompañado del crecimiento de las disidencias y del ELN, en un mapa de control cada vez más fragmentado.
El Clan del Golfo ya tiene presencia en 94 municipios de Antioquia, el 72 % del departamento, de acuerdo con un informe de la Gobernación que deja en evidencia la magnitud de la expansión criminal en la región. La cifra no solo confirma el peso territorial de esa estructura, sino que muestra que en apenas cuatro años amplió su influencia a 40 municipios más, un avance que golpea de frente la capacidad del Estado para contener economías ilegales, extorsión y control armado en zonas urbanas y rurales.
El documento también advierte que las disidencias de las Farc llegaron a 21 poblaciones y que el ELN está presente en 17 municipios, lo que configura un escenario de disputa múltiple por corredores estratégicos, rentas criminales y control social. En la práctica, Antioquia enfrenta una recomposición del conflicto que ya no se limita a una sola organización, sino a varias estructuras que conviven, se enfrentan o se reparten territorios según la fortaleza institucional de cada zona. Esa dispersión del poder armado hace más difícil cualquier respuesta integral y deja a las comunidades en medio de amenazas cruzadas.
Lo que ocurre en Antioquia importa más allá de sus fronteras porque el departamento sigue siendo una pieza clave en la economía colombiana, en la conectividad regional y en rutas históricas del narcotráfico hacia el Urabá, el Nordeste y el Bajo Cauca. Cuando una organización como el Clan del Golfo logra expandirse con tanta amplitud, no solo aumenta el riesgo de homicidios, desplazamientos y confinamientos: también se fortalece un modelo de control territorial que afecta el transporte, la minería ilegal, el comercio local y la vida cotidiana de miles de familias. La lectura política es incómoda pero inevitable: el crecimiento de estos grupos muestra que la seguridad no se está midiendo solo por capturas o golpes puntuales, sino por la capacidad real del Estado para impedir que las estructuras ilegales se arraiguen en el territorio.
El informe de la Gobernación deja una alerta que no admite lecturas complacientes: Antioquia está perdiendo soberanía en amplias zonas mientras los grupos armados consolidan presencia y se adaptan a los vacíos institucionales. Si el mapa criminal sigue ampliándose, la discusión ya no será únicamente sobre orden público, sino sobre la capacidad del Estado para recuperar control, proteger a la población y evitar que la violencia siga normalizándose como parte del paisaje.
