Colombia bajo presión ambiental: incendios, minería y deforestación amenazan sus ecosistemas en 2026
Omar RodríguezHace 6 horas
Colombia enfrenta una combinación de amenazas que comprometen sus bosques, sus fuentes de agua y la biodiversidad. Los incendios forestales de 2026, el crecimiento de la extracción de oro de aluvión y la persistencia de la deforestación contrastan con nuevas medidas de protección, entre ellas la declaración de reserva del bioma amazónico. La pregunta ahora es si las decisiones institucionales lograrán traducirse en protección efectiva del territorio.
Un país entre las llamas y la pérdida de sus bosques
Los incendios que avanzan sobre una montaña, la maquinaria que transforma el cauce de los ríos y los claros que aparecen en medio de la selva representan distintas manifestaciones de una presión ambiental que afecta a Colombia.
No son fenómenos idénticos ni necesariamente tienen el mismo origen.
Un incendio puede responder a condiciones meteorológicas, actividades humanas accidentales o acciones deliberadas. La deforestación puede estar asociada con ganadería extensiva, apropiación de tierras y apertura de infraestructura. Por su parte, la extracción de oro de aluvión puede alterar paisajes fluviales y afectar ecosistemas terrestres y acuáticos.
Sin embargo, todos estos procesos tienen una consecuencia común: modifican territorios de los que dependen numerosas especies y comunidades.
Los registros oficiales publicados durante 2026 permiten examinar la dimensión de estas presiones y contrastarlas con las acciones anunciadas por el Estado.
Incendios forestales: 438 emergencias en menos de dos meses
El 6 de agosto de 2026, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó un balance de la temporada de menos lluvias.
Entre el 16 de junio y el 6 de agosto, el país había registrado 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos.
La afectación preliminar ascendía a aproximadamente 7.153 hectáreas de cobertura vegetal.
Tolima concentraba el mayor número de incendios reportados, con 140 eventos, seguido de Cundinamarca, con 89, y Valle del Cauca, con 43.
Las autoridades también informaron de personas heridas, familias damnificadas y operaciones de respuesta mediante organismos de socorro y apoyo aéreo.
El informe refleja la intensidad de las emergencias durante ese período, pero no constituye el balance definitivo de todos los incendios ocurridos en 2026.
Tampoco demuestra que los 438 incendios fueran provocados intencionalmente.
Para determinar responsabilidades es necesario examinar informes técnicos, peritajes y actuaciones de las autoridades investigadoras.
Villa de Leyva: las llamas llegaron hasta Iguaque
Una de las emergencias ambientales más relevantes de septiembre ocurrió en Villa de Leyva, Boyacá.
El incendio comenzó el 19 de septiembre en el sector de la vereda La Castellana y el cerro San Marcos.
El 21 de septiembre, la UNGRD informó que las labores de control habían alcanzado el 75 % y que dos focos permanecían activos.
La evaluación preliminar estimaba alrededor de 1.200 hectáreas afectadas, incluidas aproximadamente 715 dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.
El fuego amenazó un ecosistema que comprende vegetación altoandina, páramos y áreas de importancia para la regulación hídrica.
La emergencia exigió la participación de bomberos, Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y Cruz Roja, además de operaciones aéreas.
Las dificultades del terreno y las condiciones del viento complicaron los trabajos de control.
Las imágenes de la emergencia muestran el alcance de las llamas, pero todavía se requiere documentación técnica para establecer la causa definitiva del incendio y cuantificar el daño ecológico posterior.
La deforestación persiste pese a una reducción frente a 2021
El 31 de julio de 2026, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó sus resultados oficiales sobre la deforestación registrada durante 2025.
La pérdida nacional de bosque alcanzó 119.483 hectáreas.
La cifra representa una reducción del 31 % frente a la línea base de 2021, cuando se registraron aproximadamente 174.000 hectáreas.
Sin embargo, el dato también revela que Colombia continúa perdiendo superficies extensas de cobertura forestal.
En la Amazonía colombiana, durante 2025 se registraron 77.805 hectáreas deforestadas, frente a 77.124 en 2024.
Esto significa que la pérdida amazónica se mantuvo aproximadamente estable, con un ligero incremento, pese a la reducción nacional frente al año utilizado como línea base.
La comparación demuestra por qué resulta insuficiente describir el panorama ambiental únicamente como una mejora o como un deterioro absoluto.
Los resultados dependen del territorio, el período y el indicador examinado.
Cartagena del Chairá, Mapiripán y Calamar: la geografía de la pérdida forestal
El monitoreo del IDEAM identifica municipios especialmente afectados por la transformación de los bosques.
En 2025, Cartagena del Chairá, en Caquetá, registró 16.983 hectáreas deforestadas.
Le siguieron Mapiripán, en Meta, con 6.782 hectáreas; San Vicente del Caguán, también en Caquetá, con 5.976; y Calamar, en Guaviare, con 5.755.
Estos territorios aparecen dentro de dinámicas de transformación del bosque amazónico y zonas de transición con la Orinoquía.
Las autoridades ambientales identifican entre los factores relevantes la conversión de bosques en pastizales, los procesos de acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva no sostenible y la apertura de vías no planificadas.
La transformación de un bosque no comienza siempre con maquinaria industrial.
En algunas circunstancias ocurre mediante la apertura progresiva de caminos, el establecimiento de potreros y la ocupación del suelo.
Las responsabilidades penales, administrativas y económicas deben establecerse mediante expedientes concretos, sin atribuir delitos automáticamente a todas las comunidades que habitan estas regiones.
Minería de oro: más de 118.000 hectáreas con evidencias de explotación
El 2 de octubre de 2026, el Gobierno colombiano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) divulgaron nuevos resultados sobre explotación de oro de aluvión.
El informe identificó 118.410 hectáreas con evidencias de esta actividad en tierra durante 2025.
La superficie había aumentado un 4,5 % frente a las 113.310 hectáreas reportadas en 2024.
Según el estudio, aproximadamente el 75 % de la actividad identificada correspondía a explotación ilícita o no autorizada, mientras que un 21 % disponía de permisos técnicos o ambientales y otro 4 % se encontraba en procesos de formalización.
La actividad fue detectada en 15 departamentos.
Entre los territorios con mayor presencia de explotación ilícita figuraron Chocó, Antioquia y Bolívar.
El informe también advierte sobre la superposición entre determinadas áreas de explotación aurífera, territorios colectivos, cultivos de coca y presencia de grupos armados ilegales.
No obstante, la coincidencia geográfica no prueba automáticamente que cada explotación esté controlada por una organización criminal.
El monitoreo satelital permite establecer la ubicación y evolución de la actividad, pero la identificación de responsables exige investigaciones adicionales.
Los ríos también están bajo presión
La extracción de oro de aluvión puede producir alteraciones sobre cauces, sedimentos y paisajes ribereños.
En determinadas explotaciones, las actividades mineras pueden estar asociadas con el uso de sustancias peligrosas y con riesgos de contaminación ambiental.
Sin embargo, las hectáreas detectadas mediante imágenes satelitales no equivalen a hectáreas de agua químicamente contaminada.
Para demostrar contaminación por mercurio u otras sustancias deben examinarse muestras de agua, sedimentos o tejidos biológicos, junto con sus resultados analíticos y fechas de recolección.
Esta distinción es esencial para evitar que un dato de actividad minera sea interpretado como una medición de exposición humana.
La investigación sobre minería necesita relacionar la transformación territorial con datos de calidad ambiental y salud pública.
La Amazonía recibe una nueva protección jurídica
El 4 de agosto de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 0961, mediante la cual delimitó y declaró el bioma amazónico colombiano como una reserva de recursos naturales renovables y del ambiente con carácter definitivo.
Según el Ministerio, la delimitación comprende aproximadamente el 42 % del territorio continental colombiano.
El área incluye la totalidad de los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, así como partes de Meta, Vichada, Cauca y Nariño.
La medida restringe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y nuevas autorizaciones ambientales para esas actividades dentro del territorio delimitado.
El propio Ministerio señala que la resolución respeta los derechos legítimamente adquiridos, las actividades permitidas por ley y los procesos de formalización de tierras.
Esta precisión resulta fundamental.
La declaratoria no significa que toda actividad minera o petrolera previamente existente haya sido cancelada, ni que la totalidad de los problemas ambientales de la Amazonía hayan quedado resueltos.
La eficacia de la medida dependerá de su aplicación administrativa, la vigilancia territorial y las decisiones de las autoridades competentes.
Una reserva no detiene por sí sola la deforestación
La prohibición de nuevas autorizaciones extractivas no elimina automáticamente las presiones relacionadas con acaparamiento de tierras, apertura de vías, ganadería extensiva o actividades ilícitas.
Son desafíos diferentes que requieren instrumentos de intervención específicos.
La protección jurídica de un territorio debe acompañarse de monitoreo, aplicación efectiva de normas, control de actividades ilegales y mecanismos legítimos de participación comunitaria.
También debe distinguirse entre grandes responsables de la destrucción ambiental y poblaciones campesinas o indígenas que habitan estos territorios.
Para evaluar la efectividad de la nueva reserva será necesario comparar las decisiones administrativas adoptadas después de agosto de 2026 con los registros anteriores, además de revisar la evolución real de los indicadores ambientales.
La pregunta que dejan los datos
Los informes oficiales documentan que Colombia perdió 119.483 hectáreas de bosque en 2025 y que la explotación de oro de aluvión continuó expandiéndose.
Los registros de emergencias muestran incendios extensos que han alcanzado áreas ambientalmente sensibles.
Al mismo tiempo, el Gobierno presenta avances en contención de la deforestación frente a períodos anteriores y establece restricciones a nuevas actividades extractivas dentro del bioma amazónico.
Ambas realidades pueden coexistir.
El reto investigativo consiste en determinar qué medidas producen resultados sostenibles, qué territorios continúan perdiendo biodiversidad y cuáles son las responsabilidades que pueden demostrarse documentalmente.
Porque proteger un bosque no consiste únicamente en declararlo reserva, sino en comprobar que sus árboles, sus ríos y las comunidades que dependen de ellos pueden seguir existiendo.
Corresponsal | Periodista investigativo
Omar Rodríguez es periodista, corresponsal y periodista investigativo de SANA Prensa Independiente, con base en Nueva York. Cuenta con más de una década de experiencia vinculada al ejercicio periodístico y a la cobertura de temas de interés público, actualidad, migración, derechos humanos, comunidad y asuntos institucionales.
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