Gobierno impulsa nueva ley de competitividad para reducir trámites en Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
Colombia vuelve a apostar por una ley para recortar trámites y ordenar la relación entre empresas y Estado. Pero expertos advierten que sin interoperabilidad entre entidades ni presupuesto suficiente, la nueva apuesta podría quedarse en el papel.
El gobierno de De La Espriella empuja una nueva ley de competitividad con la promesa de reducir trámites y hacer más ágil el aparato estatal, en un país donde la acumulación de normas ha terminado por ahogar la gestión pública y encarecerle la vida a empresas y ciudadanos. La discusión no es menor: detrás de cada permiso, registro o certificado innecesario hay tiempo perdido, costos adicionales y una institucionalidad que muchas veces funciona a tropezones.
Según informó El Tiempo - Política, el debate vuelve a poner sobre la mesa una vieja contradicción colombiana: el país produce marcos normativos con rapidez, pero luego tropieza al momento de ejecutarlos. Expertos citados en el análisis advierten que la falta de interoperabilidad entre entidades —es decir, la incapacidad de compartir datos y procesos de manera efectiva— sigue siendo uno de los principales obstáculos para que cualquier reforma de simplificación administrativa tenga resultados reales. A eso se suma un problema más incómodo: sin presupuesto, la modernización se queda en diagnóstico.
Ese es el corazón del asunto. Colombia lleva años hablando de racionalizar trámites, digitalizar servicios y facilitar el cumplimiento regulatorio, pero la experiencia muestra que la norma por sí sola no transforma la realidad. Si una entidad exige documentos que otra ya tiene, o si cada oficina pública opera como una isla, el ciudadano termina haciendo de mensajero entre ventanillas. Y si el Estado no destina recursos para integrar plataformas, capacitar funcionarios y sostener cambios tecnológicos, la ley corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones. Por eso la nueva iniciativa de competitividad no debería medirse solo por su contenido jurídico, sino por su capacidad de obligar a la administración a trabajar como sistema y no como conjunto disperso de dependencias.
Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el impacto puede ser decisivo. Menos trámites y mayor coordinación institucional significan menos costos de cumplimiento, menos demoras y más espacio para invertir en producción, empleo e innovación. Pero si el gobierno no resuelve el problema de fondo —la brecha entre la ley y la capacidad real del Estado—, Colombia seguirá sumando normas para reducir trámites mientras los ciudadanos continúan perdiendo horas en filas, plataformas que no hablan entre sí y procedimientos que nadie se atreve a simplificar de verdad.




