Colombianos en Haití denuncian que firmaron sin entender y sin defensa legal
Imagen: infobae colombia
Un colombiano implicado en el caso por el asesinato de Jovenel Moïse denunció que firmó documentos en Haití sin abogado ni traducción. La queja reabre las dudas sobre el debido proceso en una de las investigaciones más cuestionadas del Caribe.
La defensa de los colombianos detenidos en Haití volvió a poner sobre la mesa una alerta que va más allá del expediente judicial: uno de los implicados en el caso por el asesinato del presidente Jovenel Moïse asegura que firmó documentos sin la presencia de abogados y sin entender su contenido, porque estaban redactados en un idioma que no conoce. La denuncia, revelada por Infobae Colombia, apunta directamente al corazón del debido proceso y a la legitimidad de las actuaciones que se adelantaron tras su detención.
De acuerdo con lo informado por Infobae Colombia, el señalado sostuvo que, en medio de la captura y el interrogatorio, aprovechó la vulnerabilidad del momento para hacer que los detenidos suscribieran papeles que no pudieron leer ni traducir. Esa versión no solo compromete la forma en que se obtuvieron esas firmas, sino que abre preguntas incómodas sobre las garantías mínimas que deben regir cualquier investigación penal, especialmente en un caso tan sensible y politizado como el magnicidio de Moïse, que sacudió a Haití y arrastró a decenas de extranjeros a un proceso judicial todavía rodeado de sombras.
El caso tiene un peso particular para Colombia porque varios de los señalados son exmilitares y porque, desde el inicio, la opinión pública ha seguido con atención la manera en que fueron capturados, interrogados y procesados en un país sumido en una crisis institucional y de seguridad sin precedentes. Cuando un acusado afirma que no contó con asistencia legal ni traducción, la discusión deja de ser solo jurídica y se convierte en un asunto de derechos humanos: si un documento se firma sin comprenderse, su valor probatorio queda seriamente cuestionado. Y en un expediente internacional, esa clase de irregularidades puede terminar debilitando toda la estructura de la acusación.
Más allá del impacto inmediato en la defensa de los implicados, esta denuncia vuelve a exponer las fragilidades de la justicia haitiana y la dificultad de garantizar procedimientos confiables en un Estado golpeado por la violencia, la inestabilidad política y la falta de capacidad institucional. Para Colombia, el asunto tampoco es menor: cada nueva revelación alimenta el debate sobre la protección consular, la responsabilidad del Estado frente a sus connacionales en el exterior y el costo humano de un caso que, hasta hoy, sigue sin ofrecer respuestas claras. Si las firmas se obtuvieron sin comprensión real de lo que se estaba aceptando, la pregunta no es solo qué pasó con esos colombianos, sino qué tan sólida puede ser una investigación construida sobre ese tipo de bases.
