Ministerio de Igualdad entra en liquidación con una alerta fiscal por 1,77 billones comprometidos
Imagen: El Tiempo - Política
La liquidación del Ministerio de Igualdad arrancó con una señal de alarma fiscal: la entidad habría comprometido 1,77 billones de pesos entre 2023 y 2025, pero sin registrar pagos reales en el SIIF. El caso abre preguntas sobre ejecución, control y el legado político de una cartera nacida con promesa de transformación.
La puesta en liquidación del Ministerio de Igualdad dejó al descubierto una anomalía que no pasa inadvertida: según informes conocidos por El Tiempo - Política, la entidad comprometió 1,77 billones de pesos entre 2023 y 2025, pero no reportó pagos reales en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF. Esa brecha entre lo comprometido y lo efectivamente desembolsado no solo pone bajo la lupa la gestión de la cartera, sino que añade tensión a un proceso de cierre que ya venía cargado de cuestionamientos por su baja ejecución, su diseño institucional y los efectos políticos de haber sido una de las apuestas emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro.
En la práctica, el dato significa que hubo decisiones presupuestales sobre recursos públicos que no se tradujeron en giros verificables dentro del sistema financiero oficial, una señal que obliga a revisar con cuidado qué pasó con la planeación, los contratos, los trámites internos y la capacidad real de ejecución de la entidad. La liquidación, ahora en manos de John Milton Rodríguez como encargado, comienza justamente con esa tarea: ordenar el cierre administrativo, revisar pasivos, identificar obligaciones pendientes y establecer qué compromisos fueron asumidos, bajo qué soportes y por qué no aparecen pagos registrados. En un ministerio creado para articular políticas de equidad y población históricamente excluida, este tipo de hallazgo puede convertirse en un problema de fondo, no solo contable sino también político.
El asunto importa porque el Ministerio de Igualdad fue concebido como símbolo de una nueva forma de intervención estatal, pero su funcionamiento terminó enfrentando críticas por falta de claridad operativa, dificultades jurídicas y dudas sobre su capacidad de convertir discurso en resultados. Que ahora se conozca una diferencia tan marcada entre lo comprometido y lo pagado alimenta la discusión sobre la calidad del gasto público en Colombia, especialmente en un país donde cada peso del presupuesto compite con necesidades urgentes en territorio, programas sociales y servicios básicos. También deja una lección incómoda: la creación de una entidad no garantiza su eficacia, y menos aún si desde el inicio arrastra debilidades de control y ejecución. Lo que ocurra en la liquidación podría convertirse en una radiografía de cómo se administró una de las carteras más polémicas del actual gobierno, y de hasta qué punto el Estado colombiano sigue teniendo problemas para traducir promesas en resultados verificables.
