Indagatoria a Arizabaleta reabre dudas sobre archivo masivo de 17 casos contra Petro
Imagen: El Tiempo - Política
La citación a indagatoria de la congresista reavivó las dudas sobre una jornada en la Comisión de Acusaciones en la que 17 expedientes contra Gustavo Petro fueron archivados de una sola vez. El episodio vuelve a poner bajo la lupa las posibles conexiones con el caso de Gloria Arizabaleta en la Corte.
La decisión de llamar a indagatoria a la congresista Gloria Arizabaleta volvió a abrir una puerta incómoda para la Comisión de Acusaciones: la de una jornada en la que 17 expedientes contra el presidente Gustavo Petro terminaron archivados en una sola sesión, una maniobra que desde entonces ha levantado sospechas sobre la forma en que se manejaron esos procesos. Lo que parecía un episodio ya enterrado en el Congreso reaparece ahora con una nueva carga política y judicial, porque el expediente de Arizabaleta en la Corte volvió a conectar piezas que muchos daban por separadas.
Según informó El Tiempo - Política, la atención está puesta en una sesión que fue calificada por varios sectores como irregular, no solo por la velocidad con la que se cerraron los casos, sino por el contexto en el que ocurrió. La inquietud no es menor: en una comisión diseñada para investigar al alto poder, la acumulación de archivos en bloque alimenta dudas sobre la rigurosidad del trámite, la independencia de quienes lo impulsaron y la eventual existencia de intereses cruzados. En ese escenario, la indagatoria a Arizabaleta deja de ser un hecho aislado y pasa a ser una pieza clave para entender si hubo coordinación política, negligencia procesal o algo más grave detrás de esa decisión colectiva.
El asunto importa porque toca el corazón de la confianza institucional. La Comisión de Acusaciones arrastra desde hace años una reputación deteriorada por su baja efectividad y por la percepción ciudadana de que los procesos contra aforados avanzan con lentitud extrema o se congelan según cambie el clima político. Que 17 expedientes contra el presidente hayan sido archivados en una sola sesión no solo refuerza esa imagen, sino que además plantea preguntas sobre quiénes se beneficiaron de esa salida expedita y qué papel jugó cada actor en la cadena de decisiones. En paralelo, el caso de Gloria Arizabaleta en la Corte puede terminar funcionando como una vía para revisar actuaciones que, dentro del Congreso, parecían cerradas sin suficiente escrutinio.
Más allá del ruido coyuntural, el episodio revela una falla estructural del sistema colombiano de control político y judicial sobre los más poderosos. Cuando una comisión encargada de investigar termina en el centro de la sospecha, el daño no se limita a los expedientes archivados: se erosiona la credibilidad de toda la arquitectura institucional. Y para una ciudadanía que ya mira con escepticismo el funcionamiento del Estado, este tipo de episodios confirma una idea peligrosa: que en Colombia la justicia para los de arriba sigue dependiendo demasiado de los equilibrios políticos del momento.
