Comisión Sexta activa mesa técnica para salvar el calendario escolar tras el terremoto
Imagen: El Tiempo - Política
La Comisión Sexta del Congreso activó una Mesa Técnica Nacional para responder a los daños que dejó el terremoto en varias escuelas y evitar que el calendario escolar se rompa. La medida pone presión sobre el Gobierno y las regiones para coordinar recursos, infraestructura y rutas de atención.
La Comisión Sexta de la Cámara dio un paso político para convertir la emergencia educativa provocada por el terremoto en una respuesta institucional más ordenada: creó una Mesa Técnica Nacional para atender a las escuelas afectadas y, sobre todo, evitar que miles de estudiantes queden atrapados en una suspensión prolongada de clases. La iniciativa, impulsada por el representante Luis Guillermo Patiño, busca que el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales dejen de actuar en paralelo y empiecen a coordinar decisiones urgentes sobre infraestructura, seguridad escolar y continuidad académica.
El fondo del asunto no es menor. Cuando un sismo golpea centros educativos, el problema no se limita a paredes agrietadas o techos comprometidos; también se interrumpe la rutina de niños, jóvenes, docentes y familias que dependen de la escuela como espacio de cuidado, alimentación y estabilidad. Por eso la mesa técnica aparece como una herramienta de choque: su tarea será cruzar información sobre daños, priorizar intervenciones, definir qué planteles pueden seguir operando con ajustes temporales y cuáles deben cerrar mientras se ejecutan reparaciones o reconstrucciones. En la práctica, eso significa evitar que la respuesta se diluya entre trámites, competencias superpuestas y demoras presupuestales.
La decisión también deja ver una tensión conocida en Colombia: la distancia entre la emergencia y la capacidad real del Estado para responder rápido. En educación, cada día perdido pesa doble, porque afecta el aprendizaje y profundiza brechas que ya castigan con más fuerza a los estudiantes de zonas rurales y municipios con menor músculo fiscal. Si la coordinación entre Nación y regiones funciona, la mesa puede convertirse en un mecanismo útil para destrabar recursos y acelerar soluciones; si no, corre el riesgo de sumarse a la larga lista de anuncios que llegan tarde y resuelven poco. En este caso, la pregunta de fondo no es solo cuántas escuelas resultaron afectadas, sino qué tan preparado está el país para proteger el derecho a estudiar cuando la infraestructura pública falla ante un desastre natural.
La creación de esta instancia pone además a prueba la capacidad del Congreso para pasar del diagnóstico a la presión efectiva sobre el Ejecutivo y las administraciones locales. En un país donde los parches suelen durar más que las soluciones, la continuidad del calendario escolar dependerá menos de la voluntad política declarada que de la rapidez con que se definan recursos, responsabilidades y cronogramas concretos. Para las familias, el desenlace importa por una razón simple: cada semana fuera del aula amplía el costo social de un terremoto que no solo sacudió edificios, sino también la estabilidad educativa de comunidades enteras.
