Comité de Política Criminal avala Estatuto Antiterrorista del gobierno De La Espriella
Imagen: El Tiempo - Política
El Comité de Política Criminal respaldó el Estatuto Antiterrorista del gobierno De La Espriella, una apuesta para endurecer el castigo contra estructuras violentas y tipificarlas como narcoterroristas. El ministro Lara defendió que la medida no está diseñada para perseguir a opositores ni castigar ideas políticas.
El Comité de Política Criminal dio luz verde al Estatuto Antiterrorista impulsado por el gobierno de De La Espriella, una reforma que busca meter en una misma categoría penal a las estructuras violentas con capacidad de control territorial y financiación ilícita. La apuesta central es endurecer el castigo contra organizaciones que hoy combinan narcotráfico, extorsión y terror para dominar regiones enteras del país.
Según informó El Tiempo - Política, el ministro Lara salió a precisar el alcance de la propuesta y trató de despejar una de las críticas más sensibles: que la norma pudiera usarse contra dirigentes políticos o sectores de oposición. Su mensaje fue directo en el fondo, aunque cuidadoso en la forma: el proyecto no pretende perseguir a nadie por pensar distinto, sino reforzar el marco penal contra grupos que usan la violencia como herramienta de control y negocio.
El respaldo del comité no es un detalle menor. En Colombia, cada vez que el Estado intenta ampliar sus herramientas contra el crimen organizado, reaparece la discusión sobre posibles excesos, ambigüedades jurídicas y riesgos para la protesta o la actividad política. Por eso este aval debe leerse en dos planos: como una señal de que el gobierno quiere endurecer su respuesta frente a estructuras armadas y como una prueba de que la discusión legal apenas comienza. El verdadero pulso estará en cómo se redacte el alcance de la norma y qué controles se incorporen para evitar interpretaciones expansivas.
En términos prácticos, el debate importa porque el país no solo discute penas más altas, sino el límite entre seguridad y garantías. Si el Estatuto Antiterrorista termina siendo demasiado amplio, podría abrir la puerta a litigios, tensiones con derechos fundamentales y choques con sectores sociales que temen que el lenguaje antiterrorista termine desbordándose. Si, por el contrario, logra enfocarse con precisión en redes armadas y narcotraficantes que operan como poderes paralelos, el gobierno podría presentarlo como una de sus apuestas más duras contra la criminalidad organizada.
