Éder y un concejal de Cali escalan su choque por el POT hasta los tribunales

La confrontación política entre el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y el concejal Mauricio Zamora dio un salto delicado: el mandatario llevó el choque al terreno penal y el cabildante respondió asegurando que la denuncia no es más que una reacción a las críticas que ha hecho en los debates de control político. En el centro del rifirrafe está el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una de las decisiones urbanas más sensibles para la ciudad y, al mismo tiempo, una de las que más intereses concentra en el Concejo y en la administración distrital.

Zamora sostuvo que la denuncia en su contra se originó por los señalamientos que ha venido haciendo frente a la forma en que la administración de Éder prepara el POT. Según explicó, sus intervenciones en el Concejo no han sido caprichosas sino parte de su ejercicio de vigilancia política sobre un instrumento que define el uso del suelo, la expansión de la ciudad y el margen de maniobra para proyectos públicos y privados en los próximos años. El concejal también le bajó el tono jurídico al conflicto, pero no el político: dijo que el alcalde está afectado por las críticas y que la reacción evidencia molestia frente a los cuestionamientos que ha recibido.

El episodio importa porque el POT no es un documento técnico cualquiera. En Cali, como en otras grandes ciudades colombianas, ese plan termina definiendo quién puede construir, dónde se puede crecer, qué zonas se protegen, cómo se conectan los barrios y qué modelo de ciudad se impone. Por eso, cada discusión alrededor de su contenido suele revelar algo más profundo: disputas por poder, intereses económicos, tensiones entre sectores urbanos y, sobre todo, el pulso entre quienes gobiernan y quienes fiscalizan. Que esa discusión termine en una denuncia penal abre una señal inquietante sobre el nivel de intolerancia institucional con la crítica y sobre el uso de los mecanismos judiciales como herramienta de presión política.

Más allá del choque personal entre Éder y Zamora, el caso refleja un problema de fondo en la vida pública caleña: cuando el control político se convierte en una fuente de castigo y no en un componente normal de la democracia local, la discusión sobre temas estratégicos queda contaminada por la confrontación. En una ciudad con rezagos históricos en planificación, movilidad, seguridad y ordenamiento territorial, la ciudadanía debería estar viendo debates de fondo sobre cómo se va a crecer y para quién se va a planear la ciudad. En cambio, el ruido político amenaza con desplazar esas preguntas y convertir el POT en otro frente de guerra entre el Palacio Municipal y el Concejo.