Condenan a Víctor Hugo Rivera por usar a trabajador edil para su mascota
Imagen: infobae
Víctor Hugo Rivera, exalcalde de Arequipa, recibió una condena de cuatro años de prisión por usar a un trabajador municipal para cuidar a su mascota, aunque la pena efectiva fue convertida en servicio comunitario. El caso reaviva el debate sobre el uso indebido de recursos públicos y las consecuencias políticas que ya le costó la vacancia del cargo.
Víctor Hugo Rivera, exalcalde provincial de Arequipa, fue condenado a cuatro años de prisión por un caso que expone, una vez más, el abuso de poder en la administración pública: haber utilizado a un trabajador edil para el cuidado de su mascota “Flechita”. Aunque la sentencia inicial era de pena efectiva, la decisión judicial terminó convirtiendo el castigo en servicio comunitario, según informó Infobae. El fallo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la política local peruana: hasta dónde puede llegar la impunidad cuando el poder se ejerce como patrimonio personal.
De acuerdo con la información difundida por Infobae, este es el mismo caso que ya había provocado que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo vacara del cargo. Es decir, la condena penal no aparece como un hecho aislado, sino como la confirmación judicial de una conducta que antes ya tuvo consecuencias políticas. En términos prácticos, el expediente evidencia que el uso de personal municipal para fines privados no fue visto como una falta menor, sino como una infracción suficientemente grave como para removerlo de la alcaldía y ahora dejar una sentencia en su contra.
El trasfondo importa porque este tipo de episodios suele golpear con fuerza la confianza ciudadana en las autoridades locales. No se trata solo de un exalcalde y su mascota, sino del mensaje que deja el caso sobre la frontera entre lo público y lo privado en la gestión municipal. Cuando un funcionario usa recursos humanos del Estado para atender asuntos personales, el daño no es simbólico: se erosiona la idea de que los servicios públicos existen para la comunidad y no para satisfacer privilegios de turno. En ciudades como Arequipa, donde la demanda por una administración más transparente es alta, casos como este alimentan el desencanto y refuerzan la percepción de que el poder sigue siendo usado con ligereza por algunos funcionarios.
Que la pena efectiva haya sido reemplazada por servicio comunitario no borra el peso político del fallo. Más bien deja una lección incómoda: la sanción jurídica puede atenuarse, pero el costo reputacional ya está hecho. En un país donde la corrupción y el abuso de funciones siguen siendo temas sensibles, la condena contra Rivera se suma a una larga lista de episodios que explican por qué la ciudadanía mira con desconfianza a buena parte de su clase dirigente.
