Proyecto en el Congreso busca que militares y policías en Colombia también puedan votar
Imagen: infobae colombia
Un congresista colombiano radicó un proyecto para que integrantes de la fuerza pública puedan votar, una restricción que hoy los excluye del sufragio. La iniciativa reabre un debate de fondo sobre derechos políticos, neutralidad institucional y el papel de militares y policías en democracia.
Un proyecto de ley radicado en el Congreso volvió a poner sobre la mesa una vieja exclusión del sistema electoral colombiano: la imposibilidad de que los integrantes de la fuerza pública ejerzan su derecho al voto. La iniciativa fue presentada por Germán Rodríguez, mayor retirado de la Infantería de Marina, quien planteó que resulta difícil justificar que una persona sindicada pueda sufragar mientras quienes portan el uniforme y están sometidos a disciplina estricta permanecen al margen de las urnas.
El argumento central del congresista apunta a una contradicción que, según su visión, ya no se sostiene con claridad en una democracia moderna. Rodríguez defendió que militares y policías han demostrado fidelidad a sus principios institucionales y que eso no debería traducirse en una suspensión automática de sus derechos políticos. En su planteamiento, permitirles votar no solo sería un acto de reconocimiento ciudadano, sino también una corrección a una restricción histórica que, para muchos, ha operado más por costumbre que por discusión de fondo.
El tema no es menor. En Colombia, la prohibición de votar para miembros de la fuerza pública se ha mantenido como una medida asociada a la necesidad de preservar la neutralidad política de las instituciones armadas. La lógica detrás de esa regla es evitar presiones internas, alineamientos partidistas o usos electorales del poder coercitivo del Estado. Pero el debate que reabre esta propuesta es otro: si esa neutralidad debe implicar la pérdida de un derecho fundamental, o si el Estado puede proteger la independencia institucional sin despojar a soldados y policías de su voz política individual. En la práctica, la discusión conecta con un dilema clásico de las democracias: cómo equilibrar disciplina, obediencia y deber institucional con ciudadanía plena.
La discusión también tiene una lectura política y social más amplia. En un país atravesado durante décadas por el conflicto armado, la seguridad pública y la polarización, el uniforme ha sido visto muchas veces como una identidad separada del resto de la sociedad. Sin embargo, detrás de cada miembro de la fuerza pública hay un ciudadano con obligaciones, familia, decisiones económicas y preocupaciones tan concretas como las de cualquier votante. Si el proyecto avanza, el Congreso no solo tendría que definir si amplía ese derecho, sino también cómo evitar cualquier riesgo de coacción o instrumentalización. Si se hunde, quedará intacta una restricción que muchos consideran anacrónica y que seguirá alimentando la pregunta de fondo: ¿puede una democracia madura pedir obediencia plena sin conceder participación política básica?
