Congreso cierra el cuatrienio con tareas pendientes y el pulso legislativo en vilo
Imagen: El Tiempo - Política
El Congreso llega al cierre de su cuatrienio con una agenda movida en los últimos días, pero con una tarea clave todavía en el aire: la Jurisdicción Agraria. La duda ahora es si habrá sesiones extras y si el Gobierno logra evitar que su última gran apuesta se enfríe.
El Congreso entra en su recta final con un balance ambiguo: por un lado, logró destrabar varias iniciativas en los últimos días; por el otro, dejó pendiente uno de los asuntos más sensibles para el Gobierno, la Jurisdicción Agraria. El cierre del cuatrienio, marcado por la campaña política y por una presencia intermitente del Ejecutivo en la discusión legislativa, deja la sensación de un Congreso que aceleró al final, pero no necesariamente resolvió sus principales cuentas.
En las últimas semanas se movieron proyectos y se apretó el ritmo de las votaciones, como suele ocurrir cuando el reloj legislativo empieza a correr en contra. Sin embargo, según lo que se ha conocido en el debate político, la falta de una presencia constante del Gobierno terminó pesando en la agenda. Eso no solo dificultó la coordinación de mayorías, sino que también dejó la impresión de un Ejecutivo con menos capacidad de conducción en el tramo decisivo del año legislativo. En ese escenario, la Jurisdicción Agraria sigue siendo el expediente que el Gobierno quiere sacar adelante, pero que todavía no encuentra un desenlace claro.
La importancia del tema va más allá de una disputa de trámite. La Jurisdicción Agraria es una pieza central en la promesa de ordenar los conflictos por la tierra, uno de los problemas estructurales más viejos y más costosos de Colombia. En un país donde el acceso a la propiedad rural, la formalización, los litigios entre campesinos, empresas y el Estado, y la implementación de la reforma agraria siguen siendo asuntos pendientes, cada retraso tiene consecuencias políticas y sociales. Si el Congreso se va sin resolverlo, el Gobierno no solo perdería una bandera legislativa; también quedaría debilitada su narrativa de cambio en el campo, justo en un momento en que esa agenda necesita resultados concretos y no solo discursos.
La otra gran incógnita es si habrá sesiones extras. Esa decisión, que suele tomarse en la frontera entre la necesidad política y la aritmética legislativa, puede definir si la Jurisdicción Agraria tiene una última oportunidad o si queda archivada en la lista de promesas aplazadas. En la práctica, esto significa que los próximos días pueden determinar si el cierre del cuatrienio se recuerda como un final con cumplimiento parcial o como otro episodio de una agenda rural que termina chocando contra la falta de tiempo, de gobierno y de consensos. Para la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales, el desenlace no es menor: de esa definición depende si el Estado avanza hacia reglas más claras para resolver disputas de tierra o si, una vez más, deja el asunto para otro gobierno y otro Congreso.
