Consejo Gremial respalda directiva sobre consulta previa y pide equilibrio
Imagen: infobae
El Consejo Gremial respaldó la Directiva Presidencial 06 de 2026, con la que el Gobierno busca ordenar la consulta previa y mejorar la coordinación entre entidades. El gremio pidió que esa regulación no frene proyectos estratégicos ni convierta el trámite en un obstáculo permanente.
El Consejo Gremial Nacional salió a respaldar la Directiva Presidencial 06 de 2026, una instrucción del Gobierno que pretende poner orden en la consulta previa mediante una mejor coordinación entre entidades, intercambio de información y gestión más clara de los trámites. El mensaje del sector empresarial es nítido: hay respaldo a la protección de los derechos de las comunidades étnicas, pero también una exigencia para que el procedimiento no termine bloqueando inversiones y obras consideradas estratégicas para el país.
Según informó infobae, el gremio valoró que la nueva directiva busque reducir la dispersión institucional que históricamente ha rodeado estos procesos, una de las principales fuentes de demora y conflicto entre Estado, empresas y comunidades. En la práctica, la consulta previa se ha convertido en un terreno donde chocan dos necesidades legítimas: por un lado, la obligación de garantizar participación real a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; por el otro, la urgencia de sacar adelante proyectos de infraestructura, energía, minería y conectividad que dependen de decisiones oportunas.
Esa tensión no es nueva, pero sí cada vez más sensible en Colombia. La consulta previa nació como una herramienta de garantía de derechos, no como un simple trámite administrativo, y precisamente por eso cualquier intento de ordenar su aplicación toca intereses políticos, económicos y territoriales de alto voltaje. El respaldo del Consejo Gremial a la directiva presidencial sugiere que parte del empresariado ve en esta reforma una oportunidad para disminuir incertidumbre jurídica, uno de los factores que más encarece y ralentiza la ejecución de proyectos. Al mismo tiempo, el llamado a compatibilizar derechos con iniciativas estratégicas deja ver el temor de fondo: que el debate termine atrapado entre la defensa legítima de las comunidades y la presión por acelerar inversiones.
Lo que está en juego va más allá de la relación entre el Gobierno y los gremios. Si la Directiva Presidencial 06 de 2026 logra mejorar la coordinación estatal sin vaciar de contenido la consulta previa, podría convertirse en una herramienta útil para destrabar procesos que hoy se pierden entre entidades que no comparten información ni cronogramas. Pero si el énfasis recae solo en agilizar, el país volverá a chocar con el mismo dilema de siempre: cómo avanzar en desarrollo sin pasar por encima de derechos que la Constitución y la jurisprudencia han protegido durante años. En Colombia, ese equilibrio sigue siendo una deuda política y administrativa pendiente.
