Contraloría alerta por $4,5 billones en contratación tras Ley de Garantías
Imagen: infobae colombia
La Contraloría encendió las alarmas por un aumento acelerado de la contratación estatal tras la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Según el organismo, en solo cuatro semanas el Gobierno Petro comprometió más de $4,5 billones, una cifra que exige vigilancia sobre el patrimonio público y la disciplina fiscal.
La Contraloría General de la República puso bajo la lupa el salto en la contratación pública registrado durante las primeras cuatro semanas posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, al advertir que el Gobierno de Gustavo Petro comprometió más de $4,5 billones en ese lapso. El organismo de control no solo prendió una alerta por el volumen de los recursos, sino por el momento en que se están moviendo: un periodo en el que la ley busca precisamente limitar ciertos comportamientos contractuales para proteger la transparencia electoral y evitar que el gasto público se convierta en una herramienta de presión política.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la Contraloría señaló que este incremento de la contratación exige una vigilancia especial para resguardar el patrimonio público y la sostenibilidad fiscal. En otras palabras, el problema no es únicamente cuánto se ha comprometido, sino cómo, para qué y con qué controles se están asignando esos recursos. Cuando en cuestión de semanas se concentran decisiones por billones de pesos, el riesgo de errores, sobrecostos, fraccionamientos contractuales o simples atajos administrativos aumenta, y con ello la obligación de los órganos de control de revisar cada movimiento con lupa.
El dato también abre una discusión más amplia sobre el uso del aparato estatal en época preelectoral. La Ley de Garantías existe para poner límites y evitar que la contratación se dispare en periodos sensibles, especialmente cuando el país entra en la antesala de campañas y disputas regionales o nacionales. Por eso, que la Contraloría hable de una vigilancia especial no es un gesto rutinario: es una advertencia política y fiscal. Si el gasto público se acelera sin controles sólidos, la factura puede terminar pagándola la ciudadanía, ya sea en forma de obras mal planeadas, recursos mal ejecutados o mayores presiones sobre unas finanzas públicas que ya enfrentan tensiones por déficit, deuda y necesidades sociales crecientes.
Más allá de la cifra, el mensaje de fondo es claro: cada contrato firmado bajo este contexto será observado con mayor rigor. Y así debe ser. En un país donde la contratación estatal ha sido históricamente uno de los principales focos de corrupción y clientelismo, cualquier aumento abrupto merece explicación, trazabilidad y resultados verificables. La Contraloría, al señalar que en apenas un mes ya se comprometieron más de $4,5 billones, no solo está reportando un dato fiscal: está poniendo sobre la mesa una discusión de fondo sobre cómo se gobierna, cómo se contrata y quién termina respondiendo cuando el Estado mueve dinero a ese ritmo.
