Contraloría de Antioquia detecta posible detrimento de $108 mil millones en Hidroituango
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La Contraloría de Antioquia halló un presunto detrimento patrimonial de $108 mil millones en EPM relacionado con el cambio de contratistas en Hidroituango. Aunque eximió de culpa a la Sociedad Hidroituango, el caso pasó a la Contraloría Distrital de Medellín para que determine responsabilidades.
La Contraloría de Antioquia encendió una nueva alarma sobre Hidroituango al concluir que habría un presunto detrimento patrimonial por $108 mil millones en EPM, asociado al cambio de contratistas dentro del proyecto. La decisión no solo reabre preguntas sobre cómo se manejaron las decisiones contractuales en una de las obras de infraestructura más sensibles del país, sino que además deja claro que el foco fiscal ya no está sobre la Sociedad Hidroituango, que fue eximida de culpa por la entidad departamental.
El hallazgo, revelado por El Tiempo (Colombia), tiene una consecuencia institucional inmediata: la Contraloría de Antioquia compulsó copias a la Contraloría Distrital de Medellín, que será la encargada de revisar el caso en su propia jurisdicción y definir si existen responsables fiscales. En otras palabras, el ente de control departamental encontró elementos suficientes para advertir un posible daño al patrimonio público, pero decidió trasladar la información al órgano competente en la ciudad donde tiene asiento EPM, la empresa más expuesta por el debate en torno al manejo del proyecto.
Este episodio importa por una razón que va más allá del número, aunque la cifra por sí sola ya es escandalosa: Hidroituango sigue siendo un símbolo de las fragilidades en la contratación pública colombiana y de los costos que dejan las decisiones tomadas en medio de obras de enorme complejidad técnica y política. Cuando un proyecto de esta magnitud entra en revisión por presunto detrimento, la discusión no se limita a la contabilidad fiscal. También toca la confianza ciudadana, la gobernanza de las empresas públicas y la capacidad de los entes de control para seguir el rastro del dinero en megaproyectos que terminan siendo pagados, en últimas, por usuarios, contribuyentes y finanzas públicas.
La decisión de exonerar a la Sociedad Hidroituango, mientras se remiten copias a la Contraloría Distrital de Medellín, sugiere que el debate jurídico y fiscal podría concentrarse en otros actores vinculados a la operación y a las decisiones sobre contratistas. Falta ver si ese traslado deriva en hallazgos adicionales o si el expediente termina consolidando una responsabilidad fiscal concreta. Por ahora, lo que queda es una señal incómoda: Hidroituango sigue produciendo cuentas pendientes, y cada revisión de control recuerda que la factura de los grandes errores en contratación no la pagan solo las empresas, sino toda la ciudadanía.
