Corte frena el turismo con animales y ordena su reemplazo en seis meses
Imagen: infobae colombia
La Corte Constitucional cerró la puerta al uso de animales en actividades turísticas en Colombia y ordenó a las autoridades reemplazar ese modelo con alternativas en un plazo de seis meses. La decisión marca un giro legal y económico para un sector que deberá reconvertirse sin dejar a trabajadores y propietarios a la deriva.
La Corte Constitucional puso freno al uso de animales en actividades turísticas en Colombia y abrió una cuenta regresiva de seis meses para que las entidades responsables diseñen y pongan en marcha su sustitución. La decisión, adoptada tras estudiar una demanda presentada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, no produce un efecto inmediato, sino diferido, precisamente para permitir que el sector se adapte y avance en programas de reconversión laboral y económica.
Según informó infobae colombia, el alto tribunal concluyó que la protección de los animales debe prevalecer frente a prácticas turísticas que los mantienen como atractivo comercial, una discusión que desde hace años ha estado en el centro del debate público en ciudades como Cartagena, Santa Marta y otros destinos donde todavía sobreviven modelos basados en caballos, burros u otros animales usados para paseos y entretenimiento. La decisión no solo obliga a las autoridades territoriales a actuar, sino que también pone sobre la mesa una realidad incómoda: detrás de estas actividades hay familias que dependen de esos ingresos y que ahora necesitarán alternativas concretas para no quedar atrapadas entre la prohibición y la informalidad.
El fallo tiene un impacto que va más allá del bienestar animal. En términos prácticos, reordena una parte de la economía turística que durante décadas se sostuvo sobre una costumbre tolerada, y en algunos casos normalizada, pese a las denuncias por maltrato y las críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Ahora el reto no será solo retirar a los animales de esas dinámicas, sino hacerlo sin improvisación, con programas de transición que realmente funcionen. En Colombia, donde muchas regulaciones terminan chocando con la falta de implementación, los próximos seis meses serán decisivos para medir si la sentencia se convierte en un cambio real o en otra norma difícil de cumplir en la calle.
La decisión de la Corte también envía un mensaje político claro: el turismo no puede seguir apoyándose en prácticas que la justicia considera incompatibles con estándares mínimos de protección animal. Para ciudades que venden una imagen moderna y sostenible hacia el exterior, el fallo representa una obligación de coherencia. Y para los ciudadanos, especialmente quienes viven de la economía informal en los centros turísticos, el desafío será mayor: cómo reemplazar una actividad visible, tradicional y rentable por opciones dignas que no dependan del sufrimiento de un animal.
