CRA defiende ante la Corte su nuevo modelo tarifario de aseo
Imagen: infobae colombia
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico defendió ante la Corte Constitucional su nueva propuesta tarifaria para el servicio de aseo. El modelo incluye un ingreso mínimo vital, recursos de protección social y el reconocimiento de costos operativos de los recicladores de oficio.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) llevó ante la Corte Constitucional su nuevo modelo tarifario para el servicio de aseo, una apuesta que busca reordenar la forma en que se pagan y distribuyen los recursos del sistema, al tiempo que dice blindar los derechos de los recicladores de oficio. La propuesta llega en un momento sensible: cualquier cambio en las tarifas de aseo toca de frente el bolsillo de los hogares y, al mismo tiempo, define el futuro económico de miles de familias que dependen de la recuperación de residuos para subsistir.
Según informó Infobae Colombia, el planteamiento de la CRA incorpora tres componentes centrales. El primero es un ingreso mínimo vital tarifario, pensado como una base de sostenibilidad económica para la prestación del servicio. El segundo contempla recursos orientados a protección social, con el argumento de que el esquema no debe limitarse a cobrar por la recolección, sino reconocer la dimensión social del oficio reciclador. El tercero es el reconocimiento de los costos operativos de las organizaciones de recicladores, una discusión de fondo en un sector históricamente marcado por la informalidad, la precariedad y la pugna por ser incluido dentro del sistema como actor con derechos y no como un margen residual del negocio del aseo.
El debate no es menor. En Colombia, el modelo de aseo ha sido una de las áreas más disputadas entre regulación, mercado y reconocimiento de derechos. Durante años, los recicladores han reclamado que el sistema tarifario les permita participar en condiciones dignas y que el Estado deje de tratarlos como proveedores invisibles de un servicio ambiental que ahorra costos al país y ayuda a reducir la presión sobre los rellenos sanitarios. Por eso, la propuesta de la CRA no solo busca ajustar una fórmula técnica: también intenta responder a una línea jurisprudencial que ha obligado a las instituciones a proteger a esta población y a evitar que la competencia por los residuos termine expulsándolos de la actividad.
La discusión que ahora queda en manos de la Corte Constitucional puede terminar definiendo mucho más que una metodología de cobro. Si el alto tribunal avala el esquema, el país avanzaría hacia un modelo de aseo con mayor énfasis en la inclusión social y el reconocimiento económico del reciclaje como actividad formal. Si lo frena o lo modifica, volverá a abrirse el pulso entre quienes defienden una tarifa ajustada a la realidad operativa del servicio y quienes temen que esos cambios terminen trasladando nuevos costos a los usuarios. En cualquiera de los dos escenarios, el mensaje es claro: el sistema de aseo ya no puede leerse solo como un asunto de basura, sino como una pieza clave de política pública, justicia social y sostenibilidad urbana.
