CREG endurece la mano: castigos de hasta 70 % en la factura para frenar el derroche eléctrico
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La CREG puso en marcha castigos de hasta el 70 % en la factura de luz para quienes mantengan consumos elevados durante el fenómeno de El Niño. La medida busca frenar el desperdicio de energía y aliviar la presión sobre el sistema eléctrico colombiano.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) activó desde el pasado 15 de agosto una medida de choque para enfrentar el aumento del consumo eléctrico en plena presión del fenómeno de El Niño: quienes mantengan niveles elevados de uso de energía podrán recibir recargos que, en los casos más extremos, llegan hasta el 70 % en la factura. La decisión quedó establecida en la Resolución 101 120 de 2026, una señal clara de que el regulador decidió pasar de los llamados a la conciencia ciudadana a una política de castigo económico para intentar contener el derroche.
Según informó El Tiempo (Colombia), la disposición no nació como un simple ajuste técnico, sino como una respuesta directa al riesgo que representa un sistema eléctrico sometido a tensiones por la sequía y por el aumento del consumo en hogares, comercios e industrias. El objetivo es desincentivar el uso excesivo de energía en un momento en el que cada kilovatio cuenta. En la práctica, esto significa que los usuarios que no moderen su demanda podrían ver un golpe fuerte en su bolsillo, justo cuando las familias ya enfrentan una carga alta por inflación, tarifas y menor disponibilidad de recursos para consumo básico.
La medida importa por algo más que el castigo en la factura. El fenómeno de El Niño suele traducirse en menos lluvias, menor generación hídrica y mayor dependencia de otras fuentes para sostener la red, lo que eleva la fragilidad del sistema y obliga a tomar decisiones incómodas. Colombia no está frente a un problema aislado: lo que está en juego es la capacidad del país para evitar racionamientos, estabilizar el suministro y evitar que el uso irresponsable de energía agrave un escenario de escasez. En ese contexto, la CREG está enviando un mensaje político y económico a la vez: ahorrar ya no es solo una recomendación ambiental, sino una obligación con consecuencias tarifarias concretas.
Para el ciudadano de a pie, el impacto puede sentirse de inmediato en hogares que no ajusten sus hábitos, sobre todo en zonas donde el calor obliga a usar ventiladores, aires acondicionados o refrigeración durante más horas. Y para el debate público, la medida abre una discusión de fondo: hasta qué punto el Estado debe sancionar el consumo para proteger el sistema, y cómo evitar que el costo de la crisis termine golpeando con más fuerza a quienes menos margen tienen para reducir su gasto energético. En un país donde la electricidad es un servicio esencial y no un lujo, el nuevo esquema de la CREG pone sobre la mesa una verdad incómoda: la energía barata y abundante dejó de ser una certeza.
