Carta de la UNGRD abre dudas sobre la respuesta internacional ante el terremoto en Colombia
Imagen: El Tiempo - Política
La gestión de la emergencia tras el terremoto en Colombia quedó envuelta en una tensión institucional: el canciller Omar Bula recibió una carta del exdirector de la UNGRD en la que se advertía que no hacía falta pedir apoyo internacional. El episodio abre dudas sobre la coordinación oficial en plena crisis.
La polémica por la autorización de equipos internacionales de rescate tras el terremoto en Colombia dejó al descubierto una grieta dentro del propio manejo de la emergencia. Según informó El Tiempo - Política, el canciller Omar Bula recibió una carta del exdirector de la UNGRD en la que se le advertía que no sería necesario solicitar el despliegue internacional, una comunicación que ahora plantea preguntas sobre quién tomó realmente las decisiones en medio de la crisis y con qué criterio se descartó o se demoró ese apoyo externo.
El dato no es menor porque, en una emergencia de esta magnitud, cada hora cuenta. La llegada de brigadas especializadas, perros de búsqueda, equipos de evaluación estructural y apoyo logístico internacional puede marcar la diferencia entre encontrar sobrevivientes o llegar tarde. Pero si desde la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se transmitió la idea de que no hacía falta activar ese mecanismo, entonces el debate deja de ser puramente técnico y se convierte en uno político e institucional: ¿hubo subestimación del evento, descoordinación entre entidades o una lectura equivocada de la capacidad de respuesta interna? De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo - Política, la carta llegó al despacho del canciller en un momento crítico y quedó como un elemento clave para reconstruir la secuencia de decisiones.
Este episodio importa porque Colombia arrastra una vieja debilidad en la gestión del riesgo: la dificultad para articular en tiempo real a cancillería, organismos de socorro, autoridades locales y cooperación internacional. Cuando esa coordinación falla, las consecuencias no se limitan a la burocracia; se traducen en más incertidumbre para las familias, más presión sobre hospitales y equipos de búsqueda, y más desconfianza sobre la capacidad del Estado para reaccionar ante desastres. Además, el hecho de que una carta interna sugiriera que no era necesario pedir asistencia internacional obliga a revisar si los protocolos de emergencia están siendo aplicados con claridad o si, por el contrario, dependen demasiado de decisiones personales y no de un procedimiento blindado.
Lo que queda ahora es una pregunta de fondo: si la respuesta ante una tragedia de esta escala puede quedar atravesada por mensajes contradictorios entre altos funcionarios, entonces el problema no es solo el terremoto, sino la fragilidad del sistema que debe enfrentarla. En un país sísmico como Colombia, esa fragilidad no es un detalle administrativo; es un riesgo que puede costar vidas.
