UNP retira escoltas y camionetas a Muñoz, Guerrero y Coral tras revisar su riesgo
Imagen: El Tiempo - Política
La UNP canceló los esquemas de seguridad de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral tras concluir que no cumplían con el nivel de riesgo exigido para mantener escoltas y camionetas. La decisión pone bajo la lupa el costo de la protección estatal y los criterios con que se asigna.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió levantar los esquemas de seguridad de Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, después de determinar que ninguno de los tres mantenía las condiciones de riesgo necesarias para conservar escoltas y camionetas asignadas por el Estado. La medida, que impacta directamente el acceso a protección oficial, vuelve a encender una discusión de fondo en Colombia: quién merece resguardo, con qué criterios se define ese riesgo y cuánto cuesta sostener una protección que, en teoría, debe ser excepcional y no permanente.
Según informó El Tiempo - Política, la entidad concluyó tras su evaluación que los beneficiarios no reunían los requisitos que justificaran mantener el esquema. Aunque la información base no detalla en esta ocasión las cifras exactas de cada caso, el debate se concentra en el costo de una estructura de seguridad que normalmente implica vehículos blindados o de apoyo, escoltas, combustible, mantenimiento y personal especializado, una carga que recae sobre el erario y que en el país suele quedar sometida a revisiones periódicas, no siempre transparentes para la opinión pública. En la práctica, la UNP sostiene que estas decisiones no responden a simpatías políticas ni a presiones mediáticas, sino a matrices de riesgo construidas con información disponible, análisis de amenazas y verificación de contexto.
Este tipo de determinaciones importa porque la UNP se mueve en una línea especialmente delicada: si protege a quien no lo necesita, desperdicia recursos públicos; si retira protección a quien sí enfrenta peligro real, puede exponerlo a agresiones graves. Esa tensión se ha convertido en una constante en Colombia, donde líderes sociales, opositores, excombatientes, periodistas y activistas reclaman seguridad en un escenario todavía atravesado por amenazas, violencia territorial y polarización. Por eso cada cancelación de esquema no es solo un trámite administrativo: es también un mensaje sobre cómo el Estado está leyendo el riesgo y qué tan afinado está su sistema para medirlo. En un país donde la protección personal suele volverse un termómetro político, la discusión no termina en la decisión de la UNP; apenas comienza con la pregunta sobre si la institucionalidad está priorizando la racionalidad del gasto sin descuidar la vida de quienes sí enfrentan un peligro verificable.
El caso deja otra lección incómoda: la seguridad estatal no puede convertirse en un privilegio automático ni en una herramienta de permanencia indefinida. Si la UNP quiere sostener credibilidad, tendrá que demostrar que sus decisiones se basan en evidencia sólida, criterios consistentes y revisión técnica real. De lo contrario, cada retiro de escoltas y camionetas seguirá pareciendo, para unos, un ajuste necesario; para otros, una decisión que llega tarde o que se queda corta frente a la magnitud del riesgo en Colombia.
