Paloma Valencia acusa a Luz Adriana Camargo de debilitar a la Fiscalía
Imagen: infobae colombia
Paloma Valencia arremetió contra la fiscal general Luz Adriana Camargo y puso el foco en una supuesta caída de la capacidad investigativa del ente acusador. La discusión no solo toca el desempeño de la Fiscalía, sino la sensación de impunidad frente a los homicidios en Colombia.
La exsenadora Paloma Valencia lanzó una de las críticas más duras hasta ahora contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, al atribuirle la presunta destrucción de la capacidad del ente acusador para responder a los homicidios. Su señalamiento llegó en medio de cuestionamientos por cifras que, según esa lectura, reflejarían una caída en la tasa de esclarecimiento de estos crímenes, un indicador sensible en un país donde la impunidad sigue siendo una herida abierta para las víctimas y sus familias.
De acuerdo con la información divulgada por Infobae Colombia, Valencia no se limitó a una observación técnica sobre el desempeño de la Fiscalía: elevó el tono político de la discusión y responsabilizó directamente a la fiscal general por el deterioro de la capacidad institucional. El debate gira alrededor de un punto que suele pasar desapercibido para la ciudadanía, pero que define en la práctica si un homicidio termina en condena o se suma a la larga lista de casos que quedan sin resolver. La tasa de esclarecimiento es, en esencia, una medida de eficacia del sistema penal, y cuando cae, no solo se debilita la confianza pública, también se envía un mensaje peligroso a los criminales.
El asunto importa porque la Fiscalía es una de las instituciones más determinantes en la lucha contra la violencia en Colombia. Si el ente acusador pierde músculo investigativo, el impacto se siente en cadena: menos capturas sólidas, más expedientes estancados y más familias sin respuestas. En un país donde el homicidio sigue siendo una de las principales expresiones de violencia, cualquier señal de retroceso en la capacidad de esclarecer estos casos alimenta el debate sobre si la entidad está respondiendo a la magnitud del problema o si, por el contrario, está quedando rezagada frente a las nuevas dinámicas criminales. La crítica de Valencia, además, abre un frente político que seguramente seguirá escalando porque toca directamente la credibilidad de la cúpula de la justicia penal.
Más allá de la controversia entre la oposición y la fiscalía, la discusión de fondo es incómoda pero necesaria: ¿está Colombia investigando mejor o simplemente está acumulando más casos sin resolver? Esa pregunta, que puede parecer técnica, define en realidad el tamaño de la impunidad y la capacidad del Estado para proteger la vida. Y en un país que sigue contando muertos por violencia cada semana, la respuesta no puede depender solo del pulso político del momento.
