Briceño denuncia opacidad en los procesos contra Petro en la Comisión de Acusación
Imagen: infobae colombia
La Comisión de Acusación sigue siendo un punto ciego en las investigaciones contra Gustavo Petro, según denunció el representante Daniel Briceño. El congresista aseguró que la falta de recursos y la no asignación formal de expedientes han frenado el seguimiento de los casos.
La Comisión de Acusación de la Cámara vuelve a quedar en el centro del debate por la opacidad con la que, según denunció el representante Daniel Briceño, avanzan los procesos que involucran al presidente Gustavo Petro y a otras investigaciones de alto perfil. El congresista aseguró que no conoce el estado real de esos expedientes porque, en la práctica, no han sido asignados formalmente y además la célula legislativa trabaja con limitaciones de recursos que dificultan cualquier seguimiento serio. En otras palabras: los casos existen, pero el país no tiene claridad sobre su trámite ni sobre sus resultados.
La denuncia de Briceño apunta a un problema que no es nuevo en Colombia: la Comisión de Acusación, encargada de investigar a los más altos funcionarios del Estado, suele ser señalada por su lentitud, su baja capacidad operativa y la percepción de que termina siendo un filtro político más que un verdadero órgano de control. Según explicó el representante, esa falta de información no solo afecta los expedientes relacionados con Petro, sino también otros procesos que dependen de esa instancia y que, por su naturaleza, deberían tener un curso visible para la ciudadanía. El señalamiento es delicado porque toca el corazón de uno de los mecanismos institucionales llamados a vigilar al poder presidencial.
El fondo del asunto va mucho más allá de una disputa entre congresistas. Si una comisión encargada de investigar al jefe de Estado no cuenta con recursos suficientes, ni con una asignación clara de casos, el mensaje para la opinión pública es devastador: la rendición de cuentas en Colombia sigue dependiendo más de la voluntad política que de la fortaleza institucional. Y eso tiene consecuencias concretas para la gente de a pie, porque alimenta la desconfianza en el sistema, debilita la idea de que todos están sometidos a control y deja la sensación de que las investigaciones más sensibles pueden estancarse indefinidamente sin explicación convincente. En un país donde la Fiscalía, el Congreso y los organismos de control son observados con escepticismo, cada vacío de información termina convirtiéndose en combustible para la polarización.
El episodio también reabre una discusión más amplia sobre la utilidad real de la Comisión de Acusación y su capacidad para responder a casos que comprometen a presidentes en ejercicio o exmandatarios. Si la estructura sigue operando con rezagos administrativos y sin trazabilidad pública, el problema no será solo el caso Petro, sino la fragilidad de un sistema diseñado para controlar el poder y que, en la práctica, podría estar fallando en su tarea más básica: investigar y explicar qué pasa con los procesos que toca manejar.
