Parálisis en la Comisión de Acusaciones deja 2.450 expedientes al borde de la impunidad
Imagen: El Tiempo - Política
La Comisión de Acusaciones de la Cámara enfrenta una parálisis de dos años por falta de presupuesto, mientras 2.450 expedientes podrían terminar en la impunidad. Su presidente, Carlos Cuenca, ya pidió apoyo al Ministerio de Hacienda.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes vive una parálisis que ya completa dos años y que amenaza con dejar en el limbo 2.450 expedientes, según advirtió Daniel Briceño en información divulgada por El Tiempo - Política. El problema no es menor: el órgano encargado de investigar a altos funcionarios del Estado no tiene recursos suficientes para operar con normalidad, y la consecuencia más grave es que decenas de procesos podrían terminar archivados o sin avance real por simple falta de presupuesto.
El presidente de esa célula investigadora, Carlos Cuenca, ya elevó la solicitud de apoyo al Ministerio de Hacienda, lo que confirma que la crisis dejó de ser un asunto interno del Congreso para convertirse en un problema fiscal y político. En la práctica, la Comisión no solo arrastra retrasos administrativos: está acumulando una carga procesal que compromete su capacidad de responder a denuncias sobre conductas de presidentes, magistrados y otros altos funcionarios cuya revisión depende precisamente de ese organismo. Cuando una instancia de este tipo se queda sin músculo financiero, el mensaje que recibe el país es peligroso: los tiempos de la justicia disciplinaria y política pueden quedar a merced de la caja pública.
El caso revela algo más profundo que una simple falta de recursos. La Comisión de Acusaciones ha sido durante años una de las instituciones más cuestionadas por su lentitud, su bajo nivel de resultados y la percepción ciudadana de que funciona más como un filtro político que como un verdadero órgano de control. Que hoy tenga 2.450 expedientes en riesgo de impunidad por falta de presupuesto agrava esa desconfianza y abre una pregunta inevitable: ¿qué valor tiene un mecanismo constitucional si el Estado no le garantiza condiciones mínimas para operar? En un país donde la impunidad suele golpear primero a los ciudadanos de a pie, este tipo de bloqueos terminan enviando una señal de desigualdad ante la ley.
La solicitud de Cuenca al Ministerio de Hacienda será, en ese sentido, una prueba para el Gobierno y para el Congreso. Si no hay una respuesta rápida, la parálisis puede seguir erosionando la credibilidad de una comisión ya debilitada por años de críticas. Y si la salida llega tarde, el daño no será solo administrativo: será político, institucional y, sobre todo, de confianza pública, que es el activo más difícil de recuperar cuando la justicia se demora hasta volverse casi invisible.
