Briceño defiende ley para directivos públicos y reta al Gobierno por sus objeciones
Imagen: infobae colombia
Daniel Briceño salió a defender la ley que fija requisitos para directivos públicos y cuestionó las objeciones del Gobierno, al que acusa de frenar una norma pensada para ordenar los cargos en el Estado. El representante sostiene que el Congreso sí tiene competencia para legislar sobre el tema y que la medida aún no está vigente.
Daniel Briceño elevó el pulso entre el Congreso y el Gobierno al cuestionar las objeciones de constitucionalidad con las que el Ejecutivo intenta frenar la ley que fija requisitos para directivos públicos. El representante defendió que la iniciativa no invade competencias del Estado, sino que busca poner límites claros a la discrecionalidad en los nombramientos y evitar que cada entidad modifique a conveniencia sus manuales de funciones.
Según informó Infobae Colombia, Briceño sostuvo que el proyecto responde a una necesidad de orden institucional: establecer criterios mínimos para quienes llegan a ocupar cargos directivos en entidades públicas. Su argumento central es que el Congreso sí puede legislar sobre estas condiciones, porque se trata de reglas generales para el acceso y desempeño de funciones en el aparato estatal, no de una intervención arbitraria en la administración interna de las entidades. Además, insistió en que la norma no está en vigencia mientras se resuelven las objeciones del Gobierno, por lo que no existe una aplicación inmediata que, a su juicio, justifique la alarma del Ejecutivo.
El choque no es menor. Detrás de esta discusión jurídica hay una pelea política de fondo sobre quién define las reglas del empleo público y hasta dónde puede llegar el Gobierno para detener una ley que considera inconveniente. En Colombia, los manuales de funciones han sido durante años una puerta de entrada para ajustes administrativos con impacto directo en la composición de cargos claves, y por eso cualquier intento de fijar requisitos más estrictos toca intereses sensibles dentro del Estado. Para la ciudadanía, el debate importa porque en juego no solo está la forma en que se nombran directivos, sino también la calidad, transparencia y estabilidad de la gestión pública.
Lo que ocurra ahora dependerá de la respuesta institucional a las objeciones del Ejecutivo y de la capacidad del Congreso para sostener la legalidad de su decisión. Si la ley supera el filtro constitucional, podría convertirse en un precedente para endurecer los estándares de acceso a altos cargos públicos; si no, quedará expuesto un nuevo episodio del pulso entre la Casa de Nariño y el Legislativo por el control de la arquitectura estatal.
