Briceño destapa presunta nómina millonaria en el Ministerio de la Igualdad
Imagen: El Tiempo - Política
El representante Daniel Briceño denunció que el Ministerio de la Igualdad habría dejado vinculadas 1.270 personas en cargos y contratos por más de $30.000 millones. La revelación abre preguntas sobre la ejecución del Ministerio y el uso de recursos públicos en medio de la crisis fiscal.
El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, puso bajo la lupa la contratación del Ministerio de la Igualdad al revelar un documento oficial que, según su lectura, muestra que la entidad dejó “amarradas” a 1.270 personas en distintos puestos y modalidades contractuales por más de 30 mil millones de pesos. La denuncia golpea de frente a una cartera que desde su creación ha estado rodeada de polémica por su capacidad de ejecución, su estructura administrativa y el impacto real de su gasto sobre la población más vulnerable.
De acuerdo con la información presentada por el congresista y recogida por El Tiempo - Política, el señalamiento parte de un documento de contratación que detalla la magnitud de la vinculación de personal en el ministerio. El punto de fondo no es solo el número de personas contratadas, sino la manera como se habrían estructurado esos vínculos y el volumen de recursos comprometidos en una entidad que fue concebida para cerrar brechas sociales y atender poblaciones históricamente excluidas. En un país donde el debate fiscal es cada vez más áspero, cualquier indicio de gasto rígido o poco transparente en el sector público se convierte rápidamente en un asunto político de primer orden.
La denuncia tiene especial relevancia porque toca uno de los flancos más sensibles del Gobierno: la promesa de construir una institucionalidad nueva para enfrentar la desigualdad, pero con resultados que hasta ahora han sido cuestionados por la demora en el arranque, la baja ejecución y los reparos sobre su sostenibilidad. Si la cifra revelada por Briceño se confirma y se sostiene con el detalle contractual, el problema no sería únicamente administrativo, sino también político: ¿cuánto de ese dinero está llegando realmente a programas y comunidades, y cuánto se está quedando en la burocracia? Esa es la pregunta que hoy queda abierta y que, en medio de la presión por recortar el gasto y priorizar la inversión social, puede aumentar la desconfianza ciudadana sobre la forma en que se están manejando los recursos públicos.
Más allá del choque entre Gobierno y oposición, este caso vuelve a recordar que la discusión sobre la igualdad no se gana solo con discursos o con nuevas entidades, sino con capacidad de ejecución, control y resultados verificables. Para la gente de a pie, especialmente en territorios donde persisten la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, lo que está en juego no es una pelea de partidos: es saber si el dinero público está financiando soluciones reales o simplemente engrosando una nómina estatal que, en tiempos de estrechez fiscal, cada vez resulta más difícil de defender.
