Bogotá amplía las fotomultas y crece la pelea por su verdadero propósito
Imagen: infobae colombia
Bogotá sigue ampliando su red de fotomultas en corredores clave mientras crece el debate sobre si estas cámaras mejoran la seguridad vial o engrosan el negocio de las sanciones. El Ministerio de Transporte ya admitió que revisa el caso tras las críticas de Daniel Briceño.
Bogotá avanza en la instalación gradual de nuevos dispositivos de fotodetección en corredores estratégicos como las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado, en medio de una nueva controversia por el verdadero propósito de las fotomultas en la ciudad. La expansión del sistema llega justo cuando el concejal Daniel Briceño volvió a poner el tema sobre la mesa al denunciar lo que calificó como un negocio excesivamente rentable para la administración distrital, una señal de que el debate sobre movilidad y recaudo sigue abierto y lejos de resolverse.
Según informó infobae colombia, el Ministerio de Transporte respondió a las críticas diciendo que está revisando el caso, una frase que en la práctica reconoce que el asunto ya no puede leerse solo como una medida técnica de control vial. La discusión no gira únicamente en torno a la ubicación de las cámaras, sino a la lógica con la que se están implementando: en corredores de alto flujo, donde el volumen de vehículos asegura una alta capacidad de detección y, por tanto, de comparendos. Para los conductores, eso significa más vigilancia; para la administración, más herramientas para controlar velocidad, semáforos en rojo y maniobras peligrosas; y para los críticos, una fuente constante de ingresos que depende de que haya infractores en serie.
El contexto importa porque Bogotá lleva años usando la fotodetección como uno de sus mecanismos principales para ordenar el tránsito, reducir siniestros y sancionar conductas riesgosas. Pero cada nueva cámara reabre la misma pregunta: ¿está funcionando como política de seguridad vial o como una maquinaria de recaudo disfrazada de prevención? La respuesta no es menor, especialmente en una ciudad donde la congestión, el mal comportamiento de algunos conductores y la accidentalidad siguen cobrando tiempo, dinero y vidas. Si el Gobierno Nacional decide intervenir más a fondo, el debate podría escalar desde una pelea política entre el Concejo y la Alcaldía hasta una revisión de fondo sobre cómo se diseñan, aprueban y justifican estos dispositivos.
Lo que viene para los bogotanos es claro: más controles en vías por las que miles de personas se mueven todos los días para trabajar, estudiar o llevar mercancías. Y aunque nadie discute que se necesitan reglas para ordenar el tránsito, el punto crítico está en la transparencia con la que se aplican. Si las fotomultas se perciben como una herramienta pedagógica, tendrán respaldo; si se consolidan como un mecanismo de cobro masivo, seguirán alimentando la desconfianza ciudadana y el choque político alrededor de la movilidad en la capital.
