Gobierno prorroga la ZUT de Comandos de Frontera, pero ordena salida antes de fin de mes
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno extendió hasta el 3 de diciembre de 2026 la vigencia de la Zona de Ubicación Temporal de Comandos de Frontera en Putumayo, pero fijó un límite inmediato para sus integrantes. Las 58 personas que siguen allí deberán abandonar el lugar a más tardar el 30 de noviembre.
El Gobierno nacional decidió prorrogar la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Comandos de Frontera en Putumayo hasta el 3 de diciembre de 2026, pero al mismo tiempo cerró la puerta a una permanencia indefinida de las 58 personas que todavía están en ese espacio. Según informó El Tiempo - Política, la resolución expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) mantiene vivo el marco jurídico de la zona, aunque ordena que quienes permanecen allí salgan, como máximo, el 30 de noviembre.
La medida confirma que el Ejecutivo sigue apostándole a un esquema de ubicación temporal para manejar una de las expresiones más sensibles del conflicto armado en el suroccidente del país. En la práctica, la decisión sostiene la herramienta institucional creada para contener a ese grupo en un perímetro definido, mientras el Estado intenta evitar que la situación derive en un vacío de control territorial o en un nuevo foco de tensión humanitaria y de seguridad en Putumayo. El dato clave es que la prórroga no equivale a una autorización para que esas 58 personas continúen allí sin límites: el plazo para abandonar el lugar ya quedó fijado y es corto.
Este movimiento tiene implicaciones que van más allá del caso puntual. Putumayo ha sido durante años un territorio atravesado por disputas entre estructuras armadas, economías ilegales y una presencia estatal intermitente, lo que convierte cada decisión sobre zonas transitorias en una señal política de alto voltaje. La prórroga de la ZUT sugiere que el Gobierno no quiere desmantelar de golpe el mecanismo, probablemente porque aún considera que hay riesgos de seguridad o de reacomodo armado. Pero el límite impuesto para noviembre también revela que el Estado busca marcar distancia frente a cualquier percepción de permisividad o de permanencia prolongada sin condiciones claras. En un contexto como el del Putumayo, eso importa porque cada definición administrativa puede traducirse en menos o más presión sobre comunidades que viven entre la incertidumbre, la presencia de actores armados y la ausencia histórica de instituciones sólidas.
El reto ahora será doble: por un lado, verificar si el retiro de esas 58 personas se cumple sin incidentes y, por otro, entender qué sigue para la ZUT una vez pase esa primera fase de salida. En zonas como esta, el papel no resuelve el problema de fondo. Lo que de verdad determinará si la medida aporta estabilidad o solo aplaza la crisis será la capacidad del Gobierno para sostener control territorial, proteger a la población civil y evitar que el vacío deje campo libre a nuevas disputas armadas.
