Cote pide tumbar la reforma pensional y reabrir el debate desde cero en el Congreso

La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro volvió al centro del debate político, esta vez por cuenta de un llamado directo del representante a la Cámara David Cote al abogado Abelardo de la Espriella para que promueva en el Congreso la derogatoria integral de la Ley 2381 de 2024. La petición, conocida tras el aval reciente de la Corte a la norma, refleja que la discusión sobre el futuro del sistema pensional en Colombia está lejos de cerrarse y, por el contrario, entra en una fase todavía más confrontacional.

Según informó Infobae Colombia, Cote planteó que la apuesta no debería ser “parchar” la reforma vigente, sino desmontarla por completo y abrir el camino a un nuevo proyecto que redefina desde cero el modelo pensional del país. El representante insistió en que la discusión legislativa debe empezar nuevamente en el Congreso, con otra arquitectura normativa y sin los ajustes parciales que, a su juicio, terminarían sosteniendo una ley que no resuelve de fondo los problemas estructurales del sistema. En esa línea, la solicitud a De la Espriella no es solo un gesto político: busca sumar una figura visible al intento de capitalizar el malestar de sectores que nunca respaldaron la reforma del Gobierno.

El trasfondo de este movimiento es claro. La reforma pensional de Petro ha sido uno de los proyectos más sensibles de su agenda social, porque toca un punto que impacta de manera directa a millones de trabajadores actuales y futuros pensionados. Por eso, cada avance judicial o legislativo tiene efectos inmediatos en la opinión pública y en la estabilidad institucional. Que un congresista plantee ahora la derogatoria total, incluso después del aval de la Corte, muestra que la pelea no es únicamente jurídica sino también política: se disputa quién define las reglas de protección en la vejez y bajo qué lógica deben financiarse. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo alta y la cobertura pensional es insuficiente, cualquier reforma del sistema tiene consecuencias profundas para la población que hoy trabaja sin certeza de jubilación.

Más allá del pulso entre opositores y gobierno, el episodio confirma que la reforma pensional seguirá siendo un campo de batalla en el Congreso y en la calle. Si prospera una iniciativa para derogar la Ley 2381, el país entraría en otra discusión larga y costosa, con el riesgo de prolongar la incertidumbre para los afiliados, los fondos y el propio Estado. Pero si la ley se mantiene, el debate no desaparecerá: la oposición intentará desgastarla políticamente mientras el Gobierno busca defenderla como una corrección necesaria a un sistema históricamente desigual. En cualquiera de los escenarios, lo que está en juego no es solo una norma, sino la forma en que Colombia entiende la vejez, la solidaridad y la responsabilidad fiscal.