Presidente endurece presión a exFarc por entrega total de bienes
Imagen: El Tiempo - Política
El presidente volvió a arremeter contra el Acuerdo de Paz y la JEP, al insistir en que los exFarc deben responder por la entrega completa de los bienes reportados. En su mensaje, aseguró que las víctimas de la antigua guerrilla siguen sin recibir una reparación efectiva.
El presidente anunció nuevas medidas para presionar a los exintegrantes de las FARC a entregar la totalidad de los bienes que habrían reportado en el marco del Acuerdo de Paz, en medio de un nuevo pulso político contra ese proceso y contra la Jurisdicción Especial para la Paz. Su mensaje puso otra vez en el centro la discusión sobre la reparación a las víctimas, un punto que sigue siendo una de las grandes deudas del posconflicto colombiano.
De acuerdo con El Tiempo - Política, el mandatario insistió en que los llamados victimarios deben responder por lo que dejaron y por los bienes que se comprometieron a entregar para la reparación. En su intervención, cuestionó que las víctimas de la antigua guerrilla continúen esperando compensaciones reales mientras persisten los debates jurídicos sobre el alcance de las obligaciones de los excombatientes y el papel de la JEP en ese proceso. El pronunciamiento se inscribe en una línea de críticas que el jefe de Estado ha sostenido contra aspectos centrales del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
El anuncio no es menor porque reabre una discusión de fondo sobre uno de los pilares del sistema transicional: la reparación material. En teoría, los bienes entregados por exintegrantes de la guerrilla deben servir para indemnizar a las víctimas, pero las dificultades para identificar, asegurar y monetizar ese patrimonio han sido una constante. Esa brecha entre lo prometido y lo efectivamente recuperado ha alimentado la frustración de organizaciones de víctimas, que ven cómo el tiempo avanza mientras la reparación sigue lejos de materializarse. En términos políticos, además, el mensaje del presidente le suma presión a la JEP y tensiona todavía más la relación del Gobierno con la arquitectura institucional creada para cerrar el conflicto armado.
Lo que viene dependerá de si estas nuevas medidas logran traducirse en resultados concretos o si terminan siendo otro episodio de confrontación política sobre el legado del Acuerdo de Paz. Para las víctimas, la discusión no es abstracta: se trata de saber si el Estado puede obligar a quienes dejaron las armas a responder con verdad, bienes y reparación, o si esa promesa seguirá atrapada entre expedientes, trámites y disputas ideológicas.




