De la Espriella eliminará el Comisionado de Paz y endurecerá la política de seguridad
Imagen: infobae colombia
El presidente electo anunció que eliminará el cargo de Comisionado de Paz y trasladará sus funciones a otras entidades del Estado. Con esa movida, promete cerrar la puerta a lo que llamó una “falsa paz” y endurecer el rumbo de seguridad desde el 7 de agosto.
El presidente electo anunció que, desde el 7 de agosto, eliminará la figura del Comisionado de Paz y reasignará sus funciones a otras entidades del Estado, en una decisión que marca un giro frontal en la política de seguridad y negociación del Gobierno entrante. La medida, presentada como parte de un plan para desmontar la “impunidad total”, deja claro que su administración buscará distanciarse de los mecanismos de diálogo y de los enfoques que han sostenido los últimos procesos de acercamiento con actores armados ilegales.
Según informó infobae colombia, el mandatario electo sostuvo que su Gobierno pondrá el acento en la seguridad y no en lo que calificó como una “falsa paz”, una expresión con la que busca deslegitimar la estrategia de negociación aplicada en años recientes. En la práctica, la supresión del Comisionado de Paz no significa necesariamente el fin de toda interlocución del Estado con grupos armados, pero sí una reconfiguración profunda de quién lleva la voz en esos procesos, cómo se coordinan y bajo qué prioridades operan. La promesa de trasladar esas funciones a otras entidades sugiere una centralización mayor del poder en áreas de defensa, justicia e inteligencia.
El anuncio no es menor porque toca una de las discusiones más sensibles de Colombia: cómo combinar la búsqueda de la paz con la obligación de garantizar orden público y reducir la violencia. Durante décadas, los gobiernos han oscilado entre la negociación y la presión militar, con resultados desiguales y, en muchos casos, con fuerte desgaste político. Si el nuevo Gobierno decide cerrar la puerta a la arquitectura institucional que ha acompañado los diálogos, el país podría entrar en una etapa más dura frente a disidencias, estructuras criminales y economías ilegales, pero también en un escenario de mayor tensión en territorios donde la presencia estatal sigue siendo débil. La pregunta de fondo no es solo si habrá más seguridad, sino quién llenará el vacío institucional que deje la desaparición de esa oficina.
Para la gente de a pie, la decisión puede traducirse en cambios concretos en el corto plazo: menor margen para los canales políticos con grupos armados, más peso de la fuerza pública y, eventualmente, una redefinición de los programas de desarme, sometimiento o reintegración. También abre un debate político de alto voltaje sobre el rumbo que tomará el Estado colombiano frente al conflicto interno, en un país donde cada gobierno ha terminado por redefinir, a su manera, la palabra paz. Lo que viene no es solo un ajuste administrativo; es una declaración de prioridades que puede marcar la relación entre el Ejecutivo, las regiones y los actores armados durante todo el mandato.
