Agricultura enciende alarma por 18.000 contratistas y casi $1 billón en compromisos
Imagen: El Tiempo - Política
El Ministerio de Agricultura denunció que heredó una nómina de 18.000 contratistas y compromisos cercanos a un billón de pesos. El dato reaviva el choque político sobre el manejo del gasto público en el gobierno Petro.
El Ministerio de Agricultura puso sobre la mesa una cifra que vuelve a desnudar la discusión sobre el tamaño del Estado y el manejo de los recursos públicos en el gobierno de Gustavo Petro: según informó la cartera este jueves, recibió una nómina de 18.000 contratistas y compromisos por casi 1 billón de pesos. El dato no solo prende alarmas por la magnitud del gasto, sino porque alimenta una pelea política de fondo sobre si la administración actual está corrigiendo viejas prácticas o simplemente ampliando una estructura burocrática cada vez más costosa.
La revelación salió al centro del debate en medio de las críticas del abogado y exaspirante presidencial Abelardo de la Espriella, quien aprovechó el balance para calificar al gobierno Petro como “el más corrupto y despilfarrador de todos los tiempos”, según recogió El Tiempo - Política. Más allá del tono incendiario de la declaración, el punto de choque está en los números: 18.000 contratistas en una sola cartera y obligaciones cercanas a un billón de pesos sugieren una operación administrativa de gran escala, que inevitablemente abre preguntas sobre eficiencia, control interno y priorización del gasto en un sector clave para el campo colombiano.
El problema de fondo no es solo contable. En un país donde la inversión en agricultura sigue siendo decisiva para la productividad rural, la seguridad alimentaria y la reducción de brechas territoriales, cada peso comprometido en contratos debería responder a objetivos claros y medibles. Si la nómina heredada es tan abultada como asegura el ministerio, la discusión ya no es únicamente sobre cuántos funcionarios o contratistas hay, sino sobre qué resultados concretos está entregando esa estructura al campesinado, a las regiones y a los contribuyentes. En términos políticos, además, el episodio refuerza una narrativa que la oposición viene instalando: la de un gobierno que prometió austeridad y cambio, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por la forma en que administra el Estado.
Este caso también deja ver un problema más amplio y menos visible para la opinión pública: la contratación estatal como mecanismo de poder y supervivencia administrativa. Cuando una cartera reporta decenas de miles de vínculos contractuales, el debate deja de ser técnico y se vuelve estructural. ¿Se trata de personal realmente necesario para ejecutar políticas públicas, o de una máquina burocrática sobredimensionada que consume recursos sin traducirse en mejores servicios? Esa pregunta, más que la frase más dura del debate político, es la que debería quedar abierta porque afecta directamente la confianza ciudadana en el Gobierno y la capacidad del Estado para responderle a la Colombia rural.
