De La Espriella lanza alerta por presuntos diálogos ilegales con armados y salpica a Nariño
Imagen: El Tiempo - Política
Álvaro Leyva De La Espriella encendió una nueva alarma sobre presuntas negociaciones clandestinas con grupos armados y lanzó un mensaje directo al gobernador de Nariño. El episodio reaviva el debate sobre hasta dónde puede llegar la “paz total” sin romper la legalidad.
Álvaro Leyva De La Espriella elevó el tono de la discusión sobre seguridad en Colombia al advertir que existirían negociaciones clandestinas con grupos armados y al señalar directamente al gobernador de Nariño, en un episodio que vuelve a poner bajo presión la estrategia de “paz total” del Gobierno. Su advertencia no es menor: llega en un momento en el que cualquier señal de acercamiento con estructuras ilegales genera suspicacia sobre los límites entre diálogo político y concesión indebida frente a organizaciones que siguen controlando territorios y economías criminales.
De acuerdo con la información conocida, el dirigente lanzó un mensaje de alerta pública y dejó entrever que el mandatario departamental estaría involucrado o, al menos, expuesto a decisiones que podrían comprometer la legitimidad institucional en una región históricamente golpeada por el conflicto armado. El presidente, por su parte, ya había fijado su posición en su cuenta oficial de X al insistir en que la única vía válida es el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley. Esa línea del Gobierno intenta cerrar la puerta a interpretaciones ambiguas: no habría espacio para acuerdos paralelos ni para conversaciones que se salgan del marco jurídico.
El cruce de señalamientos ocurre en un territorio especialmente sensible. Nariño ha sido durante años un laboratorio de la violencia armada en Colombia: corredores del narcotráfico, presencia de disidencias, presión de grupos ilegales sobre comunidades rurales y una institucionalidad que muchas veces llega tarde o con capacidades limitadas. Por eso, cuando se habla de negociaciones clandestinas, el impacto político es inmediato. La sospecha erosiona la confianza en las autoridades locales, alimenta el ruido alrededor de la política de seguridad nacional y deja a la población civil en el centro de una disputa que, en la práctica, define quién manda en el territorio.
Más allá del choque entre figuras políticas, este episodio revela un problema de fondo: el país sigue sin resolver cómo combinar salidas negociadas con una respuesta firme frente a estructuras que no solo delinquen, sino que buscan legitimidad mediante canales informales. Si las conversaciones existen, el país tendría que saber bajo qué reglas operan; si no existen, el costo de la desinformación también es alto porque alimenta la desconfianza en un escenario ya saturado de violencia, versiones cruzadas y promesas incumplidas. En Nariño, como en buena parte de Colombia, la pregunta no es solo quién negocia, sino quién termina pagando la factura de esas negociaciones: las instituciones o la gente que vive bajo fuego cruzado.
