De la Espriella sube el tono y lanza advertencia a gobernadores por supuestos contactos con armados
Imagen: infobae colombia
Abelardo de la Espriella elevó el tono contra mandatarios regionales y les advirtió por supuestas “conversaciones clandestinas” con grupos armados. La pulla apuntó directamente al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, tras sus críticas a la política de seguridad del Gobierno.
La controversia entre el abogado Abelardo de la Espriella y el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, volvió a poner en el centro del debate la política de seguridad del Gobierno nacional y el margen de maniobra de las autoridades regionales frente a los grupos armados. De la Espriella lanzó una advertencia directa a los mandatarios territoriales que, según su visión, estarían sosteniendo acercamientos por fuera de los canales institucionales con actores ilegales. El mensaje no fue genérico: el señalamiento terminó apuntando de manera explícita a Escobar, luego de que este cuestionara con dureza el rumbo de la seguridad en el país.
El origen del choque está en una declaración del gobernador nariñense, quien alertó sobre el deterioro del orden público y sostuvo que Colombia estaría pasando de la llamada Paz Total a una guerra total. Esa frase, que resume la frustración de varias autoridades locales en zonas golpeadas por la presencia de disidencias, narcotráfico y otras estructuras armadas, fue leída por De la Espriella como una acusación política que requiere respuestas más firmes. Según la línea que planteó el primer dignatario en sus críticas, los mandatarios no deberían cruzar la frontera entre la interlocución institucional y las conversaciones reservadas con organizaciones calificadas como terroristas.
Más allá del cruce verbal, el episodio retrata una fractura de fondo: la distancia entre la narrativa del Gobierno sobre negociación y reducción de violencias, y la realidad de regiones donde la población sigue viviendo bajo presión armada, confinamientos, amenazas y economías ilegales. Nariño es uno de los departamentos donde esa tensión se siente con más fuerza, por su ubicación estratégica en corredores de narcotráfico y por la persistencia de actores armados que disputan control territorial. Por eso, cuando un gobernador advierte que el país se acerca a una guerra total, no está haciendo una frase de pasillo: está describiendo una alarma que comparten comunidades, alcaldes y fuerzas de seguridad que ven cómo se desborda la capacidad de contención del Estado.
Este episodio también deja en evidencia un problema político mayor: la seguridad se ha convertido en un campo de disputa entre el centro y las regiones, con cada parte acusando a la otra de no dimensionar la crisis. Mientras el Gobierno insiste en que la Paz Total sigue siendo una ruta válida, desde los territorios crece la presión por resultados concretos y por una estrategia que no dependa solo del diálogo con estructuras armadas. Si la confrontación entre líderes regionales y voces críticas se mantiene en este nivel, el debate sobre seguridad podría endurecerse todavía más, justo cuando en muchas zonas del país la gente común sigue pagando el costo más alto: menos movilidad, más miedo y una sensación creciente de abandono institucional.
