De la Espriella cierra la puerta al canje por secuestrados en Norte de Santander

El mandatario Abelardo De la Espriella cerró la puerta a cualquier negociación que implique intercambiar beneficios por la liberación de los tres policías y el civil secuestrados en Norte de Santander, en un mensaje que endurece la postura del Gobierno frente al ELN. Su advertencia fue clara: no habrá canje y la exigencia es que los retenidos sean devueltos de inmediato y sin condiciones, mientras el Estado refuerza la búsqueda en una de las regiones más castigadas por la presencia armada ilegal.

Según informó infobae Colombia, De la Espriella además anticipó que las Fuerzas Militares y la Policía intensificarán sus operaciones para ubicar a los secuestrados y presionar al grupo armado. El pronunciamiento llega en un momento especialmente sensible para el noreste del país, donde Norte de Santander sigue siendo un tablero de disputa entre estructuras ilegales, rutas del narcotráfico y una población civil que vive atrapada entre retenes, amenazas y desplazamientos. En ese contexto, cada secuestro no solo golpea a las víctimas y sus familias: también envía un mensaje de poder del grupo que lo ejecuta.

La respuesta del Gobierno importa porque revive una discusión de fondo en Colombia: hasta dónde debe llegar el Estado cuando enfrenta a organizaciones armadas que combinan secuestro, control territorial y presión política. Negarse a cualquier canje puede reforzar la autoridad institucional y evitar incentivos perversos para futuros raptores, pero también eleva la tensión en escenarios donde la vida de los retenidos depende de la capacidad real de rescate y de la presión sostenida sobre la estructura criminal. Para la gente de a pie en Norte de Santander, lo que está en juego no es una disputa retórica sino la fragilidad cotidiana de vivir en una zona donde la seguridad sigue siendo precaria.

El caso vuelve a poner al ELN bajo el foco público por una práctica que Colombia conoce demasiado bien: el secuestro como herramienta de intimidación y negociación. Si el Gobierno logra sostener la presión operativa y al mismo tiempo mantener la exigencia de liberación inmediata, estará enviando una señal importante sobre los límites del diálogo con actores armados. Pero si los secuestrados permanecen en cautiverio durante más tiempo, el costo político y humanitario crecerá rápidamente, tanto para la administración como para una región que sigue pagando el precio más alto de la guerra irregular.