De la orden presidencial a las salas vacías: quién retiró las piezas del Museo Nacional y qué parte de la historia quedó fuera

Una orden política y más de treinta piezas retiradas

El Museo Nacional de Colombia, fundado en 1823, es una de las instituciones culturales más antiguas del continente. Sus colecciones permiten reconstruir distintos períodos de la historia nacional, desde acontecimientos políticos y transformaciones sociales hasta episodios de violencia y procesos de paz.

Durante octubre de 2026, la institución se convirtió en el centro de una controversia nacional.

Más de treinta objetos fueron retirados de sus salas de exhibición en medio de una intervención promovida desde el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Los hechos desencadenaron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para modificar las exposiciones, las responsabilidades de las autoridades culturales y la manera en que una institución pública debe representar episodios controvertidos de la historia.

La discusión comenzó con críticas a la presencia de materiales relacionados con el M-19 y Carlos Pizarro, uno de los comandantes de aquella organización.

Sin embargo, los reportes periodísticos sobre las salas intervenidas muestran que el retiro no se limitó a documentos vinculados con esa antigua guerrilla.

También alcanzó objetos asociados con otras expresiones políticas, movimientos sociales, derechos de las mujeres y diversidad sexual.

Esta diferencia entre el objetivo anunciado públicamente y la diversidad de los materiales desmontados constituye una de las cuestiones principales de la investigación.

El origen de la controversia

El concejal de Bogotá Andrés Barrios cuestionó públicamente contenidos expuestos en el Museo Nacional relacionados con la historia del M-19.

Barrios manifestó su inconformidad con la presencia de afiches de Carlos Pizarro y con explicaciones históricas que, según su interpretación, justificaban el surgimiento de organizaciones guerrilleras.

Su posición recibió atención pública y fue recogida por medios de comunicación nacionales.

El 15 de octubre de 2026, durante una visita al Ministerio de Cultura, el presidente Abelardo de la Espriella pidió a la ministra Paola Holguín retirar de espacios públicos gubernamentales imágenes y materiales que consideraba una exaltación del terrorismo.

Entre las referencias mencionadas se encontraban las relacionadas con Carlos Pizarro.

La instrucción presidencial constituye un hecho públicamente documentado.

Sin embargo, la existencia de esa orden política no permite determinar por sí sola cuál funcionario seleccionó cada objeto ni qué procedimiento museográfico se siguió para desmontarlo.

Esa segunda cuestión requiere examinar los documentos internos del Ministerio y del Museo Nacional.

El Ministerio de Cultura asumió la defensa de los cambios

El 16 de octubre, la ministra Paola Holguín defendió públicamente el retiro de las piezas.

Según sus declaraciones, el Museo Nacional debe preservar, restaurar, proteger y divulgar la cultura, sin convertirse en un instrumento de adoctrinamiento político ni de exaltación de conductas delictivas.

La ministra también señaló que la museología y la curaduría de espacios bajo responsabilidad de su cartera estaban siendo evaluadas y rediseñadas.

Esta explicación ofrece la posición institucional del Gobierno.

Sin embargo, no resuelve por completo las preguntas sobre la intervención.

Una cosa es anunciar una revisión curatorial y otra establecer qué estudios técnicos se utilizaron, quiénes participaron en ellos y por qué se decidió retirar determinados materiales antes de disponer de una nueva exposición.

También falta esclarecer si todos los objetos fueron desmontados por las mismas razones o si existieron decisiones diferenciadas para cada sala.

Las piezas retiradas no pertenecían a una sola historia

Los reportes publicados entre el 15 y el 18 de octubre identificaron más de treinta piezas retiradas de espacios del museo.

Entre los materiales mencionados figuraban afiches políticos, fotografías, símbolos de movimientos sociales y objetos relacionados con procesos de paz.

Una de las piezas señaladas fue un afiche electoral de Carlos Pizarro, antiguo comandante del M-19 que participó en el proceso de desmovilización de la organización y posteriormente fue asesinado durante su campaña presidencial en 1990.

También se reportó el retiro de un afiche de Bernardo Jaramillo Ossa, dirigente de la Unión Patriótica asesinado ese mismo año.

Otros materiales identificados estaban relacionados con los movimientos feministas, la diversidad sexual y las transformaciones políticas del país.

Entre ellos figuraban una bandera del orgullo vinculada con la activista Elizabeth Castillo y el llamado Balígrafo, una pluma fabricada a partir de una bala y asociada con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016.

La presencia de objetos tan diferentes dentro de una misma intervención amplía el alcance de la controversia.

No todos representan a combatientes ni corresponden a organizaciones armadas.

Algunos documentan procesos electorales, movilizaciones ciudadanas, reivindicaciones de derechos o acuerdos destinados a terminar conflictos.

Por esa razón, la pregunta investigativa no puede limitarse a si el Museo Nacional debía exhibir imágenes del M-19.

También debe abordar cómo y por qué fueron seleccionadas piezas pertenecientes a otras experiencias históricas.

Tres salas bajo controversia

Las reconstrucciones periodísticas han identificado intervenciones en las salas Hacer sociedad, Memoria y Nación, y Fuerza, fe y sustancia.

Estos espacios habían sido concebidos para presentar dimensiones distintas de la historia, las relaciones sociales y la construcción de identidades en Colombia.

La retirada de objetos modificó temporalmente la experiencia de los visitantes y dejó sectores de exhibición sin los elementos previamente instalados.

El Espectador recogió reacciones de asistentes que cuestionaron los cambios al encontrarse con espacios vacíos.

Pero la ausencia temporal de un objeto en una sala no demuestra que haya sido destruido, extraviado o retirado definitivamente de la colección.

Para determinar su situación es necesario obtener registros de ubicación, inventarios, actas de movimiento y documentos de conservación.

Hasta la fecha de esta revisión, SANA no ha tenido acceso a ese expediente completo.

Carlos Pizarro: una figura histórica que exige contexto

Carlos Pizarro Leongómez fue comandante del M-19, una organización guerrillera que participó en acciones armadas contra el Estado colombiano.

El movimiento fue responsable de secuestros y de otros hechos violentos, incluida la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

La historia de la organización también comprende negociaciones que condujeron a su desmovilización y transformación en una fuerza política legal.

Pizarro participó en esa transición y posteriormente fue candidato presidencial.

Su asesinato en abril de 1990 forma parte de la violencia política que atravesó el país durante ese período.

Estos hechos deben examinarse conjuntamente, sin convertir su participación en el proceso de paz en una justificación de las acciones armadas anteriores.

De la misma manera, reconocer los delitos cometidos por el M-19 no exige eliminar el estudio histórico de su desmovilización, sus dirigentes o su participación electoral.

Un afiche político puede constituir un documento relevante para comprender una época, incluso cuando representa a una persona cuya trayectoria genera controversia.

La función de una exposición histórica depende no solamente de qué objetos presenta, sino también de cómo los contextualiza.

Palacio de Justicia: las responsabilidades de la guerrilla y del Estado

Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió uno de los episodios más graves de su historia contemporánea.

Integrantes del M-19 tomaron violentamente el Palacio de Justicia de Bogotá, donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Durante la operación mantuvieron como rehenes a numerosas personas presentes en el edificio.

Las fuerzas estatales respondieron mediante una operación militar de retoma que dejó numerosas víctimas y abrió investigaciones sobre desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones de derechos humanos.

La responsabilidad histórica de la organización guerrillera por la toma armada no elimina las obligaciones del Estado respecto de la protección de las personas retenidas y de quienes sobrevivieron inicialmente a los acontecimientos.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia.

El tribunal estableció responsabilidad internacional del Estado por desapariciones forzadas y otras vulneraciones de derechos relacionadas con los hechos del Palacio de Justicia.

Se trata de una decisión judicial internacional que obliga a distinguir las acciones de la guerrilla de las conductas cometidas por agentes estatales.

Ninguno de estos conjuntos de hechos puede utilizarse para justificar el otro.

Una interpretación histórica completa debe examinar las responsabilidades probadas, las víctimas y los resultados de los procesos judiciales.

El sombrero de Pizarro: una decisión judicial diferente

Antes de la controversia por las piezas del Museo Nacional, el Consejo de Estado había adoptado una decisión relacionada con un objeto asociado con Carlos Pizarro.

El 30 de septiembre de 2026, esa corporación informó sobre la suspensión provisional de la Resolución 218 de 2024.

La disposición del Ministerio de las Culturas había reconocido el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación y ordenado su inscripción en el registro correspondiente.

El Consejo de Estado examinó preliminarmente cuestiones de competencia y procedimiento.

Según la información oficial, la medida cautelar respondió a dudas sobre la facultad utilizada para reconocer el objeto como patrimonio cultural y la omisión de procedimientos contemplados en la legislación cultural.

La suspensión provisional no constituyó una sentencia definitiva sobre la legalidad del acto administrativo.

Tampoco puede interpretarse como una orden judicial general para retirar del Museo Nacional afiches políticos, banderas de movimientos sociales u objetos asociados con acuerdos de paz.

Son actuaciones distintas y deben explicarse separadamente.

¿Dónde están las piezas retiradas?

Esta es una de las preguntas centrales de la investigación.

La información publicada permite conocer algunos de los objetos desmontados, pero no establece de manera exhaustiva su ubicación actual, las condiciones de conservación ni las decisiones sobre futuras exposiciones.

Los museos cuentan con procedimientos destinados a registrar movimientos de las colecciones, su ubicación, las condiciones de almacenamiento y las responsabilidades de custodia.

En consecuencia, una investigación completa debería poder contrastar el inventario anterior a la intervención con los registros posteriores.

También debería determinar si las piezas pertenecen a colecciones permanentes, préstamos temporales u otras modalidades de exhibición.

Estas diferencias pueden modificar las responsabilidades legales y de conservación aplicables a cada objeto.

Sin el expediente correspondiente, no sería correcto afirmar que las obras han sido destruidas o que se encuentran fuera de la custodia institucional.

La protesta frente al museo

El 18 de octubre, la agencia EFE informó sobre una manifestación realizada el día anterior frente al Museo Nacional.

Un grupo de jóvenes reprodujo algunas de las piezas retiradas y colocó las imágenes en una intervención artística exterior, como expresión de rechazo a los cambios.

Los participantes argumentaron que los materiales formaban parte de la memoria histórica y social del país.

La protesta evidenció que el debate no se limitó a dirigentes políticos o funcionarios públicos.

También involucró a estudiantes, ciudadanos y personas que consideran necesario preservar la representación de diferentes experiencias colectivas dentro del museo.

Las críticas recogidas por los medios cuestionan la reducción de la pluralidad histórica.

Por su parte, el Ministerio de Cultura sostiene que su intervención busca corregir representaciones que considera sesgadas o apologéticas.

Ambas posiciones forman parte del debate público, aunque ninguna sustituye la evaluación documental de los procedimientos adoptados.

¿Puede un gobierno modificar las exposiciones de un museo público?

Las instituciones culturales pueden actualizar sus guiones, reorganizar sus colecciones y modificar las exposiciones.

Esas decisiones forman parte de la actividad museológica.

Sin embargo, cuando los cambios se producen después de una instrucción política y afectan objetos históricos de naturaleza diversa, resulta necesario examinar las competencias administrativas y los criterios técnicos que los respaldan.

La existencia de una controversia no demuestra por sí sola una actuación ilegal.

Tampoco basta una declaración ministerial para establecer que todas las decisiones cumplieron los procedimientos exigibles.

La evaluación requiere identificar los actos administrativos, las comunicaciones internas, las evaluaciones técnicas y la normativa correspondiente.

También resulta pertinente conocer qué participación tuvieron los responsables de conservación, investigadores, curadores y directivos del Museo Nacional.

La memoria de las víctimas no se reduce a un solo sector

La historia del conflicto armado colombiano comprende víctimas de organizaciones guerrilleras, integrantes de las fuerzas estatales, estructuras paramilitares y otros actores responsables de violaciones de derechos humanos.

También incluye procesos de resistencia civil, negociación política y búsqueda de justicia.

El recuerdo de esas experiencias no exige presentar a todos sus protagonistas como equivalentes ni omitir sus responsabilidades.

Un museo puede explicar los delitos cometidos por una organización y, al mismo tiempo, documentar las circunstancias de su desmovilización.

Puede representar a víctimas de las guerrillas sin desconocer a quienes sufrieron violaciones por parte de agentes estatales.

Y puede conservar objetos de movimientos sociales sin adoptar necesariamente todas las posiciones políticas expresadas por sus protagonistas.

La diferencia entre estudiar históricamente una figura y exaltarla debería estar sustentada en el contenido concreto de la exposición, no solamente en la identidad del personaje representado.

Las preguntas que el Gobierno debe responder

La instrucción pública del presidente y la defensa posterior de la ministra permiten identificar parte de la cadena política de decisiones.

Pero falta esclarecer su ejecución.

¿Cuál fue la comunicación concreta que ordenó desmontar las piezas?

¿Quién seleccionó cada objeto?

¿Qué equipos técnicos participaron?

¿Existía un proyecto curatorial aprobado antes del 15 de octubre?

¿Cuáles fueron los criterios para retirar objetos sin relación directa con el M-19?

¿Dónde permanece cada pieza y quién tiene su custodia?

¿Se prevé su regreso a las salas o su traslado a otras exposiciones?

Responder estas preguntas permitiría determinar si la intervención obedeció a un proceso museológico documentado, a instrucciones administrativas específicas o a una combinación de decisiones.

Entre la memoria histórica y el poder político

El retiro de piezas del Museo Nacional constituye un acontecimiento documentado que plantea cuestiones sobre el funcionamiento de las instituciones culturales colombianas.

La instrucción presidencial y la postura del Ministerio de Cultura son públicas.

También está documentado que los materiales retirados representan expresiones históricas distintas y que la intervención provocó reacciones críticas.

Lo que todavía no ha sido establecido mediante el expediente administrativo completo es cómo se seleccionaron las piezas, cuáles fueron las evaluaciones individuales y qué destino tendrán.

Ese es el núcleo de la investigación pendiente.

El estudio del pasado colombiano exige reconocer la violencia cometida por el M-19, las responsabilidades establecidas de agentes estatales y las experiencias de las víctimas de distintos sectores.

Pero también exige preservar la evidencia documental que permite comprender los procesos políticos y sociales del país.

La pregunta no es solamente qué objetos puede retirar un gobierno de una sala. Es cómo garantiza el Estado que sus decisiones culturales permitan conocer la historia, incluso cuando esa historia incomoda a quienes ejercen el poder.