Dapre desata polémica al volver hábiles fines de semana y el 20 de julio por posesión de De la Espriella
Imagen: El Tiempo - Política
El Dapre quedó en el centro de la controversia tras declarar hábiles varios fines de semana previos a la posesión de Abelardo de la Espriella y fijar el 20 de julio como día laboral. La decisión encendió críticas por el costo político y simbólico de mover el calendario institucional para acomodar una transición de poder.
La Presidencia, a través del Dapre, desató una fuerte controversia al expedir la Resolución 0478 del 6 de julio de 2026, con la que declaró hábiles varios fines de semana previos a la posesión de Abelardo de la Espriella y además ordenó que el Día de la Independencia, el 20 de julio, sea una jornada laboral. La medida, revelada por El Tiempo - Política, fue cuestionada de inmediato por sectores políticos que la consideran una decisión innecesaria, de alto costo simbólico y con un claro mensaje de urgencia institucional en torno al nuevo gobierno.
De acuerdo con la información conocida, la resolución modifica de facto el calendario administrativo para asegurar actividad en días que normalmente no hacen parte de la semana laboral oficial. Eso implica que dependencias del Ejecutivo deberán operar en jornadas extraordinarias en la antesala de la posesión, un ajuste que no es menor si se tiene en cuenta que estas decisiones suelen reservarse para situaciones excepcionales y justificadas por necesidades estrictamente administrativas. El hecho de que se incluya además el 20 de julio, una fecha cargada de significado histórico para Colombia, amplifica el debate: no solo se trata de mover horarios, sino de intervenir una jornada que suele estar asociada al país, la memoria institucional y los actos oficiales de independencia.
El trasfondo político es evidente. En Colombia, la agenda de una transición de poder no solo se mide por actos protocolarios, sino por las señales que deja la Presidencia en sus últimos días y por la forma en que prepara la llegada de un nuevo mandatario. Por eso esta resolución ha sido leída por críticos como un gesto apresurado, casi forzado, que intenta blindar la logística de la posesión a costa de alterar reglas básicas del funcionamiento estatal. En términos prácticos, la decisión puede traducirse en horas extra de trabajo, reorganización interna y tensión en una administración pública que ya suele operar con desgaste y alta carga burocrática. En términos políticos, en cambio, alimenta la percepción de que el Gobierno quiere dejar todo dispuesto para una ceremonia de alto perfil, aun si eso implica rozar el límite entre la necesidad administrativa y la provocación simbólica.
Más allá de la polémica inmediata, el episodio revela algo más profundo: la fragilidad con la que en Colombia se manejan los tiempos del Estado cuando entran en juego intereses de coyuntura. La discusión no es solo si el Dapre tenía facultades para hacerlo, sino qué dice esta decisión sobre el uso del poder en el cierre de un mandato y sobre la forma en que las instituciones administran lo público cuando el relevo político ya está en marcha. Para la ciudadanía, el mensaje es incómodo: mientras muchos enfrentan jornadas laborales rígidas y servicios estatales limitados, el Gobierno puede alterar el calendario con una resolución para resolver necesidades que, por su naturaleza, deberían explicarse con total transparencia y no como un hecho consumado.
