Salario de congresistas caerá más de $17 millones y el decreto de Petro ya enfrenta batalla judicial
Imagen: El Tiempo - Política
El salario de los congresistas colombianos volverá a ser tema de pulso judicial y político desde el 20 de julio, fecha en la que regirá el decreto que eliminó un incremento de más de $17 millones mensuales. La decisión, firmada por Gustavo Petro, ya enfrenta una demanda en el Consejo de Estado.
Desde el próximo 20 de julio, los congresistas colombianos verán una reducción superior a los $17 millones mensuales en su salario, como efecto del decreto que derogó el aumento firmado por el Gobierno de Gustavo Petro. La medida, que en el papel representa un ahorro cercano a los $62 mil millones al año para el Estado, ya entró en el terreno judicial: en el Consejo de Estado se tramita una demanda que busca tumbarla y revertir sus efectos.
La decisión presidencial no es menor porque toca uno de los asuntos más sensibles de la política colombiana: el costo del Congreso en un país donde la distancia entre el salario de un legislador y los ingresos de un trabajador promedio sigue siendo abismal. Según la información divulgada por El Tiempo - Política, el decreto que entra a regir desde el 20 de julio elimina el incremento que había elevado la remuneración de los congresistas a niveles que, para buena parte de la opinión pública, resultaban difíciles de justificar en medio de las presiones fiscales y sociales que enfrenta el país. La controversia, además, no se limita al monto: pone sobre la mesa el debate de fondo sobre si el Ejecutivo puede corregir por decreto una estructura salarial que históricamente ha estado blindada por decisiones administrativas y políticas acumuladas durante años.
Lo que está en juego va más allá de una disputa sobre privilegios. Si el Consejo de Estado acepta la demanda, el Gobierno podría enfrentar un revés que no solo devolvería el ingreso de los parlamentarios a la cifra anterior, sino que reabriría una discusión institucional sobre el alcance real del presidente para ajustar las remuneraciones del Estado. Si, por el contrario, la justicia avala la medida, Petro lograría sostener uno de sus mensajes más rentables políticamente: el de reducir beneficios de la élite política en nombre del ajuste fiscal y la austeridad. Para la ciudadanía, el caso importa por una razón simple: en un país con déficits sociales profundos, cada decisión sobre gasto público termina leída como una prueba de coherencia entre el discurso y la práctica.
El momento tampoco es casual. La entrada en vigor del decreto coincide con un nuevo ciclo legislativo y con una sensibilidad pública alta frente a los salarios de los congresistas, que suelen convertirse en símbolo de desconexión entre el poder y la calle. Por eso esta pelea no se resolverá solo en el plano jurídico. También será una disputa política por el relato: si el recorte salarial es una medida de justicia y responsabilidad fiscal, o si se trata de una jugada que terminará frenada por el mismo Estado que promete cambiar sus reglas. En cualquier caso, el desenlace marcará un precedente sobre cuánto puede avanzar el Gobierno en su intento de tocar uno de los beneficios más blindados de la clase política colombiana.
