México despenaliza el aborto, pero la persecución judicial sigue viva
Imagen: infobae
México sigue persiguiendo el aborto pese a la despenalización en varias entidades: desde 2015 se han abierto más de 8 mil investigaciones. La Ciudad de México y el Estado de México concentran la mayoría de los casos, incluso en pleno 2026.
La despenalización del aborto en distintas entidades de México no ha significado, en los hechos, el fin de la persecución penal. Desde 2015 se han abierto más de 8 mil carpetas de investigación y averiguaciones previas por este delito, una cifra que exhibe la distancia entre el cambio legal y la práctica cotidiana de las fiscalías, según informó infobae. El dato es especialmente grave porque confirma que, aun con avances normativos, miles de mujeres y personas gestantes siguen expuestas a denuncias, procesos judiciales y al miedo de acudir a los servicios de salud.
El peso de esa criminalización no se reparte de manera uniforme. La Ciudad de México y el Estado de México concentran la mayor parte de las denuncias, lo que revela dos realidades al mismo tiempo: por un lado, la persistencia de una cultura punitiva dentro del sistema de justicia; por el otro, la desigualdad territorial en el acceso a derechos reproductivos. En la capital, donde el aborto está despenalizado desde hace años, el problema ya no es solo la norma, sino la manera en que se investiga y se persigue. En el Edomex, una entidad densamente poblada y con enormes brechas sociales, el peso institucional sobre las mujeres es todavía más visible.
Lo relevante aquí no es solo el volumen de expedientes, sino lo que dicen sobre el funcionamiento real del Estado mexicano. Despenalizar en el papel no basta si policías, ministerios públicos, hospitales y juzgados siguen operando bajo lógicas de castigo, sospecha y control sobre los cuerpos de las mujeres. La criminalización del aborto no termina en la reforma legal: se reproduce cuando una paciente teme ser denunciada en una sala de urgencias, cuando una fiscalía abre una carpeta por una emergencia obstétrica o cuando una mujer de bajos recursos enfrenta un sistema que la vigila más de lo que la protege. En un país donde el acceso a la salud ya está atravesado por desigualdades profundas, esa persistencia tiene efectos concretos sobre la vida, la seguridad y la autonomía de millones.
Por eso el dato de más de 8 mil investigaciones desde 2015 no puede leerse como una simple estadística judicial. Es una radiografía de una transición incompleta: México ha avanzado en el reconocimiento del derecho a decidir, pero todavía arrastra un aparato institucional que sigue castigando. Y mientras esa contradicción no se resuelva, la despenalización seguirá siendo parcial para quienes más la necesitan: las mujeres pobres, las jóvenes, las rurales y aquellas que viven lejos de los centros urbanos donde, en teoría, los derechos deberían estar más garantizados.
