Detuvieron a nueve policías de Rosario por prender fuego a un hombre en un operativo
Imagen: infobae
Nueve policías de Rosario fueron detenidos por un operativo irregular en el que habrían prendido fuego a un hombre en mayo de 2024. La víctima sobrevivió, pero quedó con secuelas gravísimas, y el fiscal Pablo Socca los acusará por tentativa de homicidio.
Nueve policías de Rosario quedaron detenidos este miércoles en una causa que expone, otra vez, el costado más brutal y corrosivo de la violencia institucional en la provincia de Santa Fe. Según informó infobae, los agentes fueron arrestados en procedimientos de la División de Asuntos Internos, a pedido del fiscal Pablo Socca, quien ya adelantó que los imputará por tentativa de homicidio. La acusación es gravísima: los investigadores sostienen que, durante un operativo irregular ocurrido en mayo de 2024, los uniformados prendieron fuego a un hombre que terminó sobreviviendo de milagro, aunque con secuelas devastadoras.
El caso golpea de lleno la credibilidad de la fuerza policial en una ciudad como Rosario, donde la discusión pública suele concentrarse en el combate contra el narcotráfico, el crimen organizado y la inseguridad cotidiana. Pero esta detención muestra otra dimensión igual de preocupante: cuando quienes deben actuar dentro de la ley se convierten en los protagonistas de un ataque extremo contra un civil. De acuerdo con la información difundida por infobae, la intervención de Asuntos Internos fue clave para avanzar con las detenciones, lo que sugiere que hubo elementos suficientes para sostener que no se trató de un exceso aislado ni de un error operativo, sino de un episodio con una gravedad penal muy alta.
La causa también vuelve a poner en primer plano una pregunta incómoda para el Estado argentino: qué mecanismos reales existen para frenar la violencia policial antes de que se convierta en tragedia. No es un dato menor que el fiscal Socca apunte a la figura de tentativa de homicidio, porque esa calificación ubica el hecho en el terreno del intento de matar, no de una mera mala praxis. En términos judiciales y políticos, eso eleva el caso al máximo nivel de alarma y deja a la administración de seguridad bajo presión para explicar cómo un operativo terminó, presuntamente, con una persona incendiada y con daños irreparables. Para la víctima, el proceso recién empieza; para la sociedad, el expediente puede convertirse en una radiografía incómoda de los abusos que persisten bajo el uniforme.
En Rosario, donde la violencia ya condiciona la vida de miles de familias y el debate público gira en torno al control territorial, el caso abre una discusión más amplia: no basta con sumar patrulleros, anuncios o endurecer discursos si adentro de la propia estructura policial existen prácticas que rozan o directamente cruzan el umbral del delito. La detención de nueve agentes no solo busca determinar responsabilidades individuales; también obliga a revisar cadenas de mando, controles internos y criterios de actuación. Porque cuando una intervención estatal termina en un hombre prendido fuego y con secuelas de por vida, el problema deja de ser un expediente aislado y pasa a ser una señal de alarma sobre el funcionamiento mismo de la fuerza.
