UNP admite presión fiscal por esquema de Juliana Guerrero y frena protección a ‘Timochenko’
Imagen: El Tiempo - Política
La Unidad Nacional de Protección quedó en el centro de la discusión por el alto costo del esquema asignado a Juliana Guerrero y sus efectos sobre otras medidas de seguridad. Según Didier Fabián Blanco, el dispositivo cuesta $739 millones y ya está golpeando la capacidad para extender escoltas a excombatientes como 'Timochenko'.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) volvió al Congreso con un mensaje incómodo: el dinero no alcanza para cubrir todas las demandas de seguridad política y, en algunos casos, las decisiones recientes están tensando aún más un presupuesto ya apretado. Didier Fabián Blanco, director de la entidad, le dijo este martes a la Comisión Segunda del Senado que el esquema de protección asignado a Juliana Guerrero tiene un costo de $739 millones y que esa carga presupuestal está frenando la posibilidad de ampliar escoltas para otras personas, entre ellas Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’.
La revelación se produjo en medio de la discusión sobre las decisiones que la UNP viene tomando de cara al presupuesto de 2027, un escenario en el que la entidad busca ajustar prioridades mientras enfrenta una demanda creciente de protección en todo el país. Según expuso Blanco ante los senadores, el problema no es solo cuánto cuesta cada esquema, sino el efecto acumulado que generan estos compromisos sobre una caja limitada. En términos prácticos, cada asignación de alto costo reduce el margen para responder a otras solicitudes, revisar ampliaciones o sostener medidas para figuras con riesgo reconocido.
El dato es políticamente sensible porque toca dos debates al mismo tiempo: el uso eficiente de los recursos públicos y la protección de personas que, por su trayectoria política o exposición, siguen siendo objeto de amenazas. En Colombia, la UNP opera en una frontera difícil: debe responder a riesgos reales sin convertirse en una entidad capturada por presiones políticas o decisiones improvisadas. Que un solo esquema consuma $739 millones ilustra hasta qué punto la seguridad de dirigentes, líderes sociales, firmantes de paz y excombatientes puede terminar compitiendo entre sí por recursos escasos. Y cuando eso ocurre, el Estado no solo administra escoltas; administra también prioridades, tensiones y mensajes políticos.
El caso de ‘Timochenko’ añade otra capa al debate. Cualquier limitación en la extensión de su protección reaviva la discusión sobre las garantías de seguridad para quienes firmaron la paz y siguen expuestos en un país donde la violencia política no ha desaparecido. Al mismo tiempo, el señalamiento sobre Juliana Guerrero deja ver que la UNP está siendo empujada a explicar, con más detalle, por qué ciertos esquemas cuestan tanto y bajo qué criterios se justifican. Lo que se discute en el Senado no es solo un rubro del presupuesto: es hasta dónde llega la capacidad del Estado para proteger sin desbordarse financieramente, y quién termina pagando el costo de esa insuficiencia: las finanzas públicas, los funcionarios o la gente que depende de esas medidas para seguir viva.
