Dapre responde a Yahir Acuña y defiende esquema de seguridad presidencial
Imagen: El Tiempo - Política
El director del Dapre, Carlos Ríos, salió al paso de las acusaciones del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y defendió el esquema de seguridad asignado por la Casa de Nariño. La controversia se cruza con señalamientos sobre el manejo de recursos públicos y eleva la tensión política en la ciudad.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, respondió a los señalamientos del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y sostuvo que el esquema de seguridad que lo acompaña obedece al protocolo definido para el presidente. La aclaración se dio en medio de una nueva disputa pública entre ambos funcionarios, luego de que Acuña lanzara acusaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Según informó El Tiempo - Política, la reacción de Ríos buscó frenar las críticas del mandatario local, quien había cuestionado la presencia y las condiciones del dispositivo de protección asociado a la agenda presidencial. Desde el Dapre, la versión oficial es que ese esquema no responde a decisiones improvisadas ni a favores políticos, sino a los lineamientos que rigen la seguridad del jefe de Estado en sus desplazamientos y actividades institucionales.
El choque no es menor porque exhibe algo más que un cruce de declaraciones: deja ver la tensión entre el poder local y la Presidencia en un momento en que las acusaciones sobre el uso de recursos públicos elevan el costo político de cualquier error de comunicación o de seguridad. En ciudades como Sincelejo, donde el escrutinio sobre la administración local suele mezclarse con disputas de orden político, este tipo de confrontaciones termina impactando la credibilidad institucional y la lectura ciudadana sobre quién dice la verdad y quién está usando el debate para marcar posición.
Más allá del rifirrafe, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión sensible: la administración de la seguridad presidencial y la forma en que se explican sus protocolos cuando hay roces con autoridades territoriales. En Colombia, donde la desconfianza hacia el uso de los recursos públicos sigue siendo alta, cada intercambio entre un alcalde y el Gobierno nacional se lee no solo como una disputa personal, sino como una prueba de transparencia y de control sobre los espacios de poder.
