SENA denuncia presunta instrumentalización política de aprendices en paro del 14 de octubre
Imagen: infobae colombia
El director del SENA, Fray Ricardo Torres, denunció presunta instrumentalización política de aprendices durante el paro del 14 de octubre y pidió separar la protesta de las aulas. Aunque respaldó el derecho a manifestarse, rechazó cierres de sedes e interrupciones de clases.
El director del SENA, Fray Ricardo Torres, encendió las alarmas al denunciar una presunta instrumentalización política de aprendices durante el paro del 14 de octubre. Su mensaje fue claro: el derecho a la protesta debe respetarse, pero no a costa de cerrar sedes, suspender clases ni convertir los espacios de formación en escenarios de proselitismo.
De acuerdo con lo expresado por Torres, la institución no desconoce la legitimidad de la movilización social, pero sí pone un límite frente a cualquier intento de arrastrar a los estudiantes a dinámicas partidistas. La preocupación central del directivo es que una jornada de protesta termine afectando el funcionamiento académico del SENA, una entidad que cumple un papel clave en la formación técnica y tecnológica de miles de jóvenes y adultos en todo el país. En esa línea, insistió en que la protesta no puede traducirse en la obstrucción del servicio educativo ni en el uso indebido de los espacios institucionales.
El pronunciamiento tiene relevancia más allá del episodio puntual del 14 de octubre. El SENA es una de las instituciones públicas con mayor capilaridad territorial en Colombia y, por eso, cualquier conflicto político que se infiltre en sus centros de formación toca directamente a aprendices de distintos estratos y regiones, muchos de ellos dependientes de esa educación para entrar al mercado laboral. Cuando se alteran las clases o se politiza el entorno pedagógico, no solo se tensiona la vida interna de la entidad: también se afecta una herramienta concreta de movilidad social. Por eso el llamado de Torres apunta a un equilibrio incómodo pero necesario en el país: proteger la protesta sin permitir que se desborde hacia la coacción o la manipulación de estudiantes.
En el fondo, la denuncia reabre una discusión recurrente en Colombia sobre los límites entre activismo, presión política y autonomía educativa. El debate no es menor, porque en escenarios de alta polarización las instituciones de formación suelen convertirse en terreno de disputa simbólica. La advertencia del SENA busca marcar una frontera: el disenso es legítimo, pero la educación pública no debería pagar el costo de disputas ajenas a su misión principal.
