Garrido sacude la reforma agraria con denuncias de corrupción y presión política
Imagen: El Tiempo - Política
La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, lanzó una denuncia directa contra el Pacto Histórico y afirmó que la administración anterior dejó un manejo tan grave que, en su criterio, supera el escándalo de la Ungrd. La pelea política volvió a poner en el centro la reforma agraria y sus posibles focos de corrupción.
La directora encargada de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, encendió una nueva tormenta política al denunciar al Pacto Histórico por presuntas presiones que habrían obligado a suspender un debate sobre la reforma agraria. Pero la acusación no se quedó ahí: Garrido fue más allá y sostuvo que la gestión anterior dejó un panorama de irregularidades que, en su evaluación, resultó incluso peor que el escándalo de la Ungrd, uno de los casos de corrupción más sensibles del actual gobierno.
El señalamiento, divulgado en medio de la discusión sobre la ejecución de la reforma agraria, golpea uno de los programas bandera del Gobierno Petro y abre una nueva línea de sospecha sobre el manejo de tierras en Colombia. La Agencia Nacional de Tierras es una pieza central para avanzar en la redistribución, formalización y acceso a predios rurales, un asunto que toca intereses políticos, económicos y territoriales de enorme peso. Cuando su dirección acusa presiones partidistas y habla de corrupción en la administración previa, lo que se pone sobre la mesa no es solo un choque interno: también la credibilidad de una política pública que debía ser el emblema de la transformación rural.
La gravedad del mensaje radica en el contexto. La reforma agraria fue presentada como una respuesta histórica a la concentración de la tierra y al abandono del campo, pero su implementación ha estado rodeada de tensiones burocráticas, disputas internas y cuestionamientos por la velocidad, la transparencia y el control político sobre las decisiones. Si las denuncias de Garrido terminan respaldadas por pruebas, el golpe puede ser doble: por un lado, comprometer la legitimidad de los responsables de la etapa anterior; por el otro, profundizar las dudas sobre si el Gobierno logró blindar realmente una de sus apuestas más simbólicas. En Colombia, donde el acceso a la tierra sigue siendo uno de los grandes detonantes de desigualdad y conflicto, cualquier sombra sobre este proceso tiene efectos que van mucho más allá del debate partidista.
Por ahora, el caso deja una conclusión incómoda para el Gobierno y para el Pacto Histórico: la reforma agraria, que debía operar como una herramienta de reparación y desarrollo rural, amenaza con convertirse también en otro escenario de disputa política y señalamiento por corrupción. Si no hay respuestas claras, auditorías sólidas y responsabilidades identificadas, el riesgo no solo es institucional; es que miles de campesinos terminen pagando el costo de una pelea que vuelve a poner en entredicho la capacidad del Estado para gestionar una de las deudas más antiguas del país.
