Colombia

DNI pidió censo electoral con datos sensibles de votantes antes de 2026

Hace 14 horas
DNI pidió censo electoral con datos sensibles de votantes antes de 2026

Imagen: infobae

La DNI pidió a la Registraduría una copia del censo electoral con datos personales y electorales de millones de votantes antes de la primera vuelta de 2026. La solicitud, firmada por su director encargado, fue negada por falta de sustento legal, según reveló Noticias Caracol.

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) intentó obtener de la Registraduría Nacional una copia del censo electoral con información detallada de millones de ciudadanos habilitados para votar, en una solicitud hecha dos meses antes de la primera vuelta presidencial de 2026. La petición, enviada el 9 de abril por René Guarín cuando estaba al frente de la entidad de manera encargada, despertó alarma por el alcance de los datos requeridos y por el momento político en que fue presentada.

La revelación, conocida a través de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, se apoya en documentos internos de la agencia de inteligencia en los que aparece una comunicación con el asunto “Envío de información de contrainteligencia”. Allí, la DNI pidió un archivo plano con número de cédula, género, edad, grupo poblacional, puesto de votación y estado de vigencia de cada elector. En otras palabras, no se trataba de un listado general, sino de una base de datos que permitiría identificar, clasificar y ubicar a los votantes con un nivel de detalle difícil de justificar fuera de un contexto estrictamente administrativo y legal.

La agencia alegó razones asociadas a la seguridad nacional, pero según el reportaje no presentó un soporte jurídico sólido que autorizara el acceso a la totalidad de esa información. La Registraduría terminó negando la solicitud, lo que obligó a la DNI a buscar otra vía. El episodio abre interrogantes serios sobre el uso que una entidad de inteligencia puede intentar dar a información sensible del proceso electoral, en particular cuando se solicitan datos personales y características poblacionales de ciudadanos que solo deberían estar protegidos bajo reglas estrictas de reserva y finalidad. En un país donde la confianza en las elecciones es frágil, cualquier intento de acceso masivo a bases de datos electorales tiene consecuencias que van mucho más allá de un trámite administrativo.

Las reacciones no tardaron. Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional, dijo que nunca había visto una petición de ese tipo por parte de una agencia de inteligencia y sostuvo que no existe antecedente conocido de una solicitud así ni de una entrega equivalente por parte de la Registraduría. Su reacción resume el impacto institucional del caso: si una entidad encargada de inteligencia busca información electoral con argumentos insuficientes, el debate deja de ser técnico y se convierte en una discusión de garantías democráticas. Lo que está en juego no es solo quién puede acceder a esos datos, sino hasta dónde puede llegar el Estado cuando se acerca a un proceso electoral sensible y masivo.

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