Matan a un niño de 13 años en Cali y crece la presión por esclarecer el doble crimen
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La violencia volvió a golpear al oriente de Cali con la muerte de un niño de 13 años y de un joven de 23, ambos alcanzados en medio de un tiroteo. La Personería pidió rapidez en la investigación para esclarecer un doble crimen que sacude a toda la ciudad.
La muerte de un niño de 13 años, alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en el oriente de Cali, volvió a poner sobre la mesa una de las heridas más profundas de la ciudad: la exposición cotidiana de la población civil, y en especial de los menores, a dinámicas armadas que siguen cobrando vidas fuera de cualquier lógica de guerra abierta. En el mismo hecho también murió un hombre de 23 años, lo que elevó el caso a doble homicidio y provocó una nueva exigencia de justicia por parte de la Personería de Cali, que pidió celeridad para identificar a los responsables y aclarar lo ocurrido.
Según informó El Tiempo (Colombia), el ataque armado se produjo en una zona del oriente caleño y dejó como saldo a las dos víctimas mortales, en un episodio que no solo impacta por la edad del menor, sino porque evidencia la persistencia de enfrentamientos armados en sectores donde la ciudadanía vive entre el miedo y la normalización de la violencia. La Personería insistió en que el caso debe ser esclarecido con rapidez, no solo para dar con los autores materiales e intelectuales, sino para evitar que otro crimen de estas características quede atrapado en la larga lista de expedientes que se enfrían entre la indignación pública y la lentitud institucional.
Este hecho importa porque Cali, y en particular su oriente, arrastra desde hace años una combinación explosiva de pobreza, presencia de economías ilegales, disputas territoriales y limitada capacidad estatal para contener la violencia urbana. Cuando un niño de 13 años muere por una bala perdida, el mensaje es brutal: ningún ciudadano está realmente a salvo cuando las armas deciden el ritmo de la vida barrial. En términos prácticos, la tragedia golpea a las familias que siguen viviendo en entornos donde salir a la calle puede convertirse en una sentencia, y también refuerza la presión sobre las autoridades locales y judiciales para pasar del diagnóstico a resultados concretos.
Más allá del dolor inmediato, el caso deja otra advertencia: mientras no haya respuestas rápidas y verificables sobre quién dispara, por qué dispara y desde dónde operan estas estructuras, la ciudad seguirá contando muertos sin resolver el problema de fondo. La exigencia de la Personería no es solo administrativa; es política y social. En una urbe que convive con índices persistentes de violencia, esclarecer el asesinato de un menor no debería ser una excepción movilizadora, sino la regla mínima de un Estado que aspire a recuperar la confianza de sus ciudadanos.
